El jueves trasladarán los restos de Franco a un cementerio de Madrid

España cerrará el jueves un capítulo de su historia impulsado por el presidente Pedro Sánchez hace un año y medio cuando asumió el poder, con el traslado sin honores de los restos del dictador Francisco Franco a un cementerio de Madrid, una medida con la que, aunque simbólica, el jefe del Estado pretende fijar una clara posición política.

Los restos del último dictador europeo serán exhumados de su mausoleo en el Valle de los Caídos y trasladados en helicóptero al cementerio madrileño de El Pardo-Mingorrubio a las 10.30 de la mañana (5.30 hora argentina), anunció este lunes el gobierno español.

“Tanto la exhumación como la reinhumación se llevarán a cabo en la intimidad, en presencia de sus allegados. La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, estará presente durante la exhumación, el traslado y el entierro de Franco en su condición de notaria mayor del Reino”, precisó el Ejecutivo en un comunicado.

El gobierno del socialista Pedro Sánchez cumplirá así con su iniciativa más simbólica, que tiene repercusión internacional, ya que Franco es el último dictador europeo cuyos restos siguen descansando en un monumento público, donde puede ser enaltecido.

El traslado del féretro tendrá lugar un día antes de que venza el plazo que se había dado el propio gobierno socialista español para cumplir con su promesa política.

Sánchez anunció la decisión de exhumar a Franco tras llegar a la presidencia del gobierno en junio de 2018 por medio de una moción de censura contra el entonces presidente conservador Mariano Rajoy.

Sin embargo, los nietos del dictador se opusieron con medidas judiciales, y además amenazaron con llevar los restos a la catedral de La Almudena, lo que hubiese tirado por tierra la emblemática iniciativa de los socialistas, ya que Franco hubiese pasado a estar en otro lugar público e incluso más accesible para los que pretenden reivindicar su figura.

La familia del dictador contó todo el tiempo con la ayuda de las autoridades de la Iglesia católica que controlan la Basílica del Valle de los Caídos, que se opone a permitir la exhumación.

Sin embargo, el pasado 30 de septiembre, el Tribunal Supremo español zanjó la discusión dando luz verde al gobierno para trasladar los restos.

“El gobierno ha defendido desde el principio del proceso que los restos del dictador no podían continuar en un mausoleo público que exaltara su figura, algo expresamente prohibido por la Ley de Memoria Histórica”, recuerdan en La Moncloa.

El Ejecutivo también subraya que “la sentencia firme y unánime del Tribunal Supremo puso fin al proceso contencioso administrativo interpuesto por la familia para impedir” el traslado, con lo que el aval legal está absoluto.

Desde su muerte en 1975, Franco yace en una tumba en la Basílica del Valle de los Caídos, un mausoleo situado a unos 50 kilómetros de Madrid -controlado por la comunidad benedictina- que él mismo hizo construir con el trabajo forzoso de presos republicanos para reivindicar el triunfo del bando nacional fascista en la Guerra Civil española (1936-1939).

En el lugar yacen los restos de Franco y de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, el partido único franquista, junto con 33.000 cuerpos, en su mayoría víctimas republicanas cuyos restos fueron robados de fosas comunes en toda España.

Tras conocer el fallo del Supremo, Sánchez destacó que con la exhumación de Franco «se cerraba simbólicamente el círculo de la democracia española».

Sin embargo, la democracia española no salda completamente su deuda con las víctimas.

Más de cuarenta años después del final de la dictadura franquista (1939-1975), la mayoría de los restos de las víctimas que se encuentran enterradas en fosas comunes y en el propio Valle de los Caídos, siguen sin identificar.

Además, los familiares de quienes sufrieron las represalias del franquismo siguen exigiendo al Estado español dignidad y justicia, algo que se les negó durante todo este tiempo, y los llevó a recurrir a tribunales extranjeros, como es la causa que se mantiene abierta en la justicia argentina, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo.