El Grupo Olio podrá mantener en actividad las plantas de San Lorenzo y Ricardone, pertenecientes a Vicentin, durante los dos próximos años. Los nuevos contratos permitirán un ingreso de entre 80 y 100 millones de dólares por año para la agroexportadora que se encuentra en concurso de acreedores.
A través de una resolución judicial, firmada por el juez Fabián Lorenzini, se autorizó a Vicentin a llevar adelante los nuevos contratos de fasón con el Grupo Olio, para que la empresa de capitales rosarinos pueda realizar manufacturas por pedido de la agroexportadora oriunda de Avellaneda.
Los nuevos contratos permitirán un ingreso de entre 80 y 100 millones de dólares por año para la agroexportadora concursada, a la vez que se establece una base de 3,5 millones de toneladas de soja y medio millón de toneladas de girasol por todo concepto (crushing y molienda). Mientras que Grupo Olio podría también sumar la tarea de refinado para venta en el mercado doméstico.
Para llevar adelante estos nuevos contratos, la Justicia ordenó la designación de tres veedores por parte de los acreedores, quienes serán los responsables de realizar un seguimiento y control de todas las operatorias.
Según señalaron desde el Grupo Olio, de esta manera se impulsa y se sostiene el compromiso de mantener activas las plantas de la agroexportadora con miras a contribuir al mejoramiento de la actividad económica de la región y sostener su desarrollo.
El aval del juez Lorenzini tiene condiciones: “La concursada (Vicentin) no cuenta actualmente con capital de trabajo, ni tiene capacidad para financiar la originación de granos tendientes a sustentar su propio circuito productivo. No es, por lo tanto, descabellado conjeturar que difícilmente pueda recuperar su poder de originación en el corto plazo, como no sea asumiendo un sobreprecio y/o pagando por adelantado. Sobre dicha base de análisis (…), la realización de los fasones comprometidos luce aceptable”.
El juez indicó además que “no se puede avizorar” si el destino de Vicentin es compatible con las obligaciones que asumirá con el Grupo Olio, ya que “la concursada no ha explicitado o bosquejado un plan de negocios”.
En ese sentido, Lorenzini ordenó una serie de medidas que apunta al control de las operaciones, tarea que estará a cargo de los tres veedores designados a propuesta del comité de acreedores. “Resulta indudable la necesidad de contar con un claro esquema de costos y un estado de resultados que nos permitan conocer, mes a mes, si mediante tales contratos se cubren efectivamente los costos marginales”, señaló el juez.
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