Continúa en Córdoba el juicio por delitos de lesa humanidad contra los ex represores. Mañana comienzan los alegatos de los abogados.
El juicio por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura militar en nuestro país, contra los ex represores Jorge Videla y Benjamín Menéndez, tendría sentencia antes de fin de año. El mismo se está desarrollando en Córdoba y continuará mañana con la lectura de los alegatos de los abogados querellantes, María Elba Martínez y Hugo Vaca Narvaja.
La audiencia del Tribunal Oral Federal 1 comenzará a las 9 para escuchar a los abogados representantes de las familias de 13 víctimas de los crímenes que investiga el proceso judicial iniciado el 2 de julio.
En la causa se juzga la muerte, mediante la aplicación de la Ley de Fugas, de 31 presos políticos que estaban alojados en la Unidad Penitenciaria San Martín (UP1) durante la última dictadura militar.
Videla y Menéndez, junto a otros 29 imputados, son acusados de «imposición de tormentos agravados, homicidio calificado, encubrimiento e imposición de tormentos seguido de muerte».
Según se prevé, el miércoles se realizará la segunda audiencia de alegatos con la exposición de los querellantes Martín Fresneda y Claudio Orosz, mientras que el jueves lo harán los querellantes Elvio Zanotti, Lilian Luque, Gerardo Battistón, Juan Ceballos, Miguel Martínez y Rubén Arroyo.
El martes 30 será el turno de los fiscales Maximiliano Hairabedían y Carlos Gonella y a partir del 1 de diciembre los abogados defensores darán sus alegatos.
La fecha prevista para que se dicte sentencia es, probablemente, la última semana de diciembre, poco antes de fin de año.
Videla y Menéndez ya fueron procesados en Córdoba por otras causas en los que también se los investiga por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Una de las mismas investiga lo sucedido a 84 víctimas que habrían sido privadas de su libertad, sufrido tormentos y en gran parte de los casos habrían sido asesinadas por personal policial, militar y civil, entre marzo de 1975 y el 24 de marzo de 1976, es decir antes de realizarse el golpe de Estado.
Otro expediente analiza la privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidios de 107 víctimas, que en su mayoría permanecen desaparecidas, en episodios ocurridos en 1976 y 1977, ya en plena dictadura.
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