Se descubrieron dosis con fecha de caducidad entre 2015 y 2019 en un depósito de la Ciudad de Buenos Aires. Se iniciará una demanda penal a las autoridades ministeriales del gobierno macrista
Ginés González García recorrió este miércoles el frigorífico Onetto, en la calle Solís de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La actividad está relacionada directamente con el reciente hallazgo del Ministerio que conduce: encontraron en ese depósito 4 millones de vacunas vencidas entre 2015 y 2019.
Son dosis de Prevenar 13, para prevenir la bacteria del neumococo, Sabin oral, para la polio, y DTP o triple bacteriana, entre otras. Esas vacunas le habían costado al Estado, en su momento, más de $1400 millones.
Las dosis fueron halladas después de una investigación combinada entre la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y el área de Salud del gobierno nacional. Desde la cartera sanitaria estiman que el costo de destrucción de los materiales vencidos sería superior a $4 millones y, según le informaron a Data Clave, el almacenamiento por cuatro años costó $14.672.350. En las próximas horas, se presentará una denuncia judicial por el desperdicio de 600 mil dosis de vacuna triple bacteriana.
No es la primera vez que, en nueve meses de gestión, el Ministerio a cargo de González García presenta cargos penales contra sus antecesores. Ya había ocurrido por una serie de correcciones de precios en contratos con laboratorios mientras Adolfo Rubinstein era el titular de la entonces Secretaría de Salud.
En la provincia de Buenos Aires había existido un caso previo similar a comienzos de año, aunque con cifras menos importantes. El Ministerio de Salud, con Daniel Gollán a la cabeza, encontró en enero unas 160 mil dosis que tenían fecha de caducidad en diciembre de 2019, correspondientes al gobierno de María Eugenia Vidal. Estaban en un galpón de Melchor Romero.
También en los primeros días del año, Ginés González García liberó unas 12.400.000 dosis de vacunas correspondientes al Calendario Nacional de Inmunizaciones que estaban retenidas en la Aduana del Aeropuerto de Ezeiza. «Sólo un Estado indiferente puede que haber permitido que esto suceda», dijo el ministro en conferencia de prensa en ese momento.
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