Lo confirmó la titular de la cartera, Sabina Frederic. Será después de los relevos en la cúpula de la fuerza, que están en estudio. Defendió la derogación del protocolo sobre uso de armas letales y Taser que impulsó su antecesora, Patricia Bullrich
El peritaje de la fuerza federal, sin experiencia en el análisis de muertes violentas, contrasta con uno anterior elaborado por 13 expertos forenses, la mayoría de la Corte Suprema de Justicia, según el cual la muerte del fiscal se corresponde con un suicidio. Ese estudio es abundante en información sobre el lugar del hecho (el pequeño baño del departamento de Nisman en la torre Le Parc), los patrones de las manchas de sangre, las marcas en el cuerpo del fiscal y otras.
«Lo vamos a revisar en colaboración con la Justicia. Se montó un escenario, se replicó la escena del baño del departamento de Nisman, y eso está dentro del edificio Centinela. Vamos a intervenir, pero no en este momento, vamos a dejar pasar un tiempito. Primero, tenemos que hacer modificaciones en la jefatura» de la fuerza, explicó Frederic.
«Va a haber cambios de mando en las fuerzas. Todos los jefes nos han presentado sus pedidos de retiro y les dijimos que vamos a conservar esa solicitud hasta tanto el presidente (Alberto Fernández) tenga definido el recambio», dijo la ministra esta mañana en declaraciones a radio Diez.
En ese marco, Frederic explicó que están «evaluando propuestas y haciendo el análisis de quiénes son los que deberían reemplazar a los jefes actuales».
La ministra anunció que «para principios de febrero» estará listo el proyecto que crea «un consejo de seguridad o agencia», que tendrá el «propósito de convertir la política de seguridad en una de Estado, y que no esté no tironeada en forma banal».
«La orden del presidente es tenerlo lo antes posible. Está muy en ciernes, pero no podemos adelantar nada. Estimamos que para principios de febrero tendremos cierta claridad sobre qué tipo de entidad es la que responde y satisface el requerimiento del Presidente», aseveró.
Frederic defendió la decisión de derogar los protocolos para el uso de armas de fuego y de las Taser. También, la de revocar el Servicio Cívico Voluntario y el programa Ofensores en Trenes, medidas que habían sido impulsadas por la ex ministra del área, Patricia Bullrich.
«El protocolo que había incorporado la denominada doctrina Chocobar fue una falsa medida de protección a las fuerzas de seguridad, demagógica y sin consecuencias reales, los fragilizaba aun más», consideró la funcionaria.
La funcionaria agregó que se contactaron con «numerosos efectivos totalmente en contra de este protocolo, ellos se forman con otros principios, los del Código Penal».
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