El ministro Cococcioni denunció que hay agentes corruptos que fogonean la protesta policial y anunció al menos 20 pases a disponibilidad

Luego de la reactivación de la protesta policial en Santa Fe, con concentraciones en varias ciudades, especialmente frente a la Jefatura de la Unidad Regional II en Rosario, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, denunció que sobre reclamos legítimos de los agentes se montaron familiares de efectivos desplazados de la fuerza por graves hechos de corrupción. Y adelantó que ya hay «al menos» 20 pases a disponibilidad de personal que atentó contra el servicio de seguridad, a la para que avanza la investigación interna sobre los hechos.

El funcionario fue más allá: dijo que hay un intento de «golpear una política de seguridad exitosa» llevada adelante por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro en coordinación con el Ejecutivo nacional. Hoy, con su ministra homóloga, Alejandra Monteoliva. Y que esa política, agregó, permitió reducir los hechos delictivos y sobre todo la violencia que azotaba particularmente a Rosario.

Cococcioni ofreció una conferencia de prensa con la habilitación de unas pocas preguntas pocas horas después de las concentraciones en varias ciudades de la provincia iniciadas en la tarde del lunes. El ministro admitió que las movilizaciones de agentes y familiares resintieron las tareas de seguridad en Rosario. «El patrullaje se sostiene con esfuerzos, pero no con normalidad», fue su síntesis del cuadro de situación. E insistió en que se identificaron promotores de la protesta ajenos a los reclamos salariales y de mejoras en las condiciones de trabajo. La referencia, otra vez, fue a personal desplazado de la fuerza tras investigaciones por hechos de corrupción agravados por cometerse con el uso del uniforme.

Al margen de las sanciones disciplinarias y los desplazamientos de la fuerza –con retiro de arma y de chaleco antibalas, enfatizó–, el ministro informó que ya está en contacto con el Ministerio Público de la Acusación para precisar si, además, el accionar encuadra en las figuras de delitos penales. Resaltó que los responsables de poner en riesgo la seguridad pública serán sancionados con rigor. «No vamos a permitir que se cruce esa raya», resumió el tono oficial frente a los hechos.

Ante consultas sobre posibles cambios en la conducción de la Policía tras los incidentes y conatos de rebelión, el ministro respaldó al jefe de la fuerza, Luis Maldonado, y al de la Unidad Regional II, Guillermo Solari.