El mito del crisol de razas

Una mirada superficial o simplista sobre esta Nación del Bicentenario podría decir que “los argentinos venimos de los barcos”.

Sin embargo, basta acercarse un poco al tema para distinguir cómo las grandes oleadas inmigratorias provenientes de Europa desde el siglo XIX convivieron y conviven con una amplia diversidad de naciones preexistentes, nativos y migrantes regionales.

Las políticas aprovecharon –e incluso fomentaron– esas importantes corrientes migratorias producidas a partir de 1850: no se aplicaron únicamente con voluntad solidaria u hospitalaria hacia otros pueblos sino que tuvieron el objetivo de suplantar grupos sociales o étnicos por otros más “convenientes” a los ojos de quienes ejercían el poder de turno.

En la Argentina, los primeros inmigrantes registrados en ese período fueron vasco-franceses y se establecieron en Corrientes durante el gobierno de Justo José de Urquiza.

La consigna “gobernar es poblar”, desarrollada por Juan Bautista Alberdi y retomada por la Generación del 80, circunscribía la “civilización” a determinados países de Europa, sobre todo Francia e Inglaterra.

En cambio, los pobladores originarios y otros grupos como negros, chinos, indios y europeos latinos y del este no encajaban en esa definición.

Pero la inmigración anglosajona y alemana que soñaba el creador de las “Bases” se dirigió casi con exclusividad a los Estados Unidos y a las colonias británicas, mientras que Argentina recibió mayoritariamente italianos, españoles y en menor medida europeos orientales.

No obstante, en poco más de cincuenta años este plan cambiaría de manera decisiva la composición poblacional argentina: en 1869 el país contaba con 1.877.490 habitantes, de los cuales 160.000 habían llegado de Europa en la década anterior.

La relación creció exponencialmente: hasta 1930 llegaron al país un total de 6.330.000 inmigrantes, de los cuales 3.385.000 se establecieron permanentemente en el país. Más de la mitad de la población ya era de origen inmigratorio. Paralelamente, a partir de 1869, se había iniciado la llamada Conquista del desierto, eufemismo utilizado para denominar a la campaña militar de exterminio de los pueblos originarios de Argentina, con el objetivo de utilizar las tierras que habitaban.

La estrategia fue acompañada por el dictado de sucesivas legislaciones que intentaron disimular el despojo: así, la ley 817 de 1876 (también conocida como ley Avellaneda) y la posterior ley de Poblamiento o ley de Liquidación de 1891, promovieron la figura de la propiedad privada, con el fin de enajenar las tierras sin necesidad de colonizarlas.

Eso permitió, entre otras cosas, la instalación de empresas obrajeras y facilitó la entrega de tierras a colonos, dejando así sentada la jurisprudencia para su otorgamiento legal. De esa forma comenzó a delinearse qué tipo de población resultaba “aceptable” para el país en función de los intereses de las clases dominantes: una vez exterminados o confinados a los márgenes geográficos y sociales del mapa nacional los “malos elementos” autóctonos –los gauchos y los pueblos originarios–, era evidente la necesidad de “limpiar” el territorio de extranjeros “indeseables”.

Para concretar este nuevo objetivo, a pedido expreso de la Unión Industrial Argentina se sancionó en 1902 la llamada ley de Residencia N° 4.144, también conocida como Ley Cané en homenaje a su principal impulsor, el senador y escritor Miguel Cané, autor de la conocida novela “Juvenilia”.

Esa legislación fue de suma utilidad para el sistema que pretendía implantarse, pues se la empleó para reprimir con la expulsión del país a los obreros –mientras prohibía la salida de sus mujeres e hijos de la Argentina– anarquistas y socialistas que estaban sembrando la simiente del sindicalismo nacional y habían formado en 1901 la primera central sindical argentina: la Federación Obrera Argentina (FOA).

Luego de la crisis mundial de 1929, la inmigración proveniente de Europa y otros orígenes de ultramar comenzó a reducirse drásticamente: la última oleada, menos importante en su magnitud, se produjo entre 1948 y 1952, finalizando así con el largo período de emigración europea como fenómeno masivo.

A partir de 1950 se produjo un cambio importante en los patrones migratorios a nivel internacional, como fue el notorio incremento de las migraciones regionales en comparación con las intercontinentales.

Durante esta nueva etapa, Argentina comenzó a recibir gran cantidad de inmigrantes de sus países limítrofes –sobre todo de Bolivia y Paraguay– y, en menor medida, de otras naciones latinoamericanas, africanas y asiáticas.

Como contrapartida, durante la crisis argentina de diciembre de 2001, algunos descendientes de aquellos primeros inmigrantes europeos intentaron el retorno a la tierra de sus antepasados, pero muchos se encontraron con medidas restrictivas.

Así, con el correr de los siglos, se compuso un universo demográfico de enorme diversidad pero una notoria discriminación hacia los pueblos preexistentes y a los nuevos migrantes, realidad bien contrapuesta a la idílica definición del crisol de razas que la historia oficial delineó para el país.

Y aun cuando el preámbulo de la Constitución asegura los mismos beneficios “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, las dificultades para lograr una integración inclusiva hace que el sueño de una Argentina plurinacional, multiétnica y armónica no asome tan claro como el sol del 25 sino que sea aún un desafío a asumir.