El negocio de la salud: el costo humano del fentanilo contaminado

Por: Ivana Esteban / Familiar de una víctima de fentanilo

Escribo estas líneas no solo desde el dolor, sino desde la más profunda indignación que siento como familiar de una de las víctimas de “Fentanilo Contaminado”. Recientemente, tras la renuncia de la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la nueva gestión comenzó a inhabilitar laboratorios tras detectar graves irregularidades. Entre ellos se encuentra el Laboratorio Apolo, establecimiento que ya contaba con el antecedente de la explosión de una caldera hace ocho años. En sintonía, el Ministerio de Salud de Santa Fe realizó inspecciones en Rosario que derivaron en la inhibición de otra planta, por parte de ANMAT.

Si bien estas medidas de control son técnica y absolutamente necesarias, creo llegan de forma tardía y cínica. Es inadmisible que hayan tenido que fallecer 173 personas para que los mecanismos de fiscalización finalmente se activaran. Esta reacción espasmódica no es eficiencia, sino la admisión de un fracaso previo. Lo ocurrido deja al descubierto que el sistema de salud está roto y que se ha transformado en un negocio donde la rentabilidad prima sobre la seguridad de los pacientes. La falta de controles preventivos sugiere una negligencia criminal que permite operar fuera de la norma hasta que la muerte golpea la puerta de la opinión pública.

Las víctimas de esta masacre no solo sufrimos la pérdida de seres queridos, sino también el destrato institucional y la indiferencia del Estado.

Cabe recordar que ni el Ministro de Salud de la Nación ni la funcionaria saliente de ANMAT, se presentaron ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para dar respuestas. A nivel provincial, la desidia se repite: la Ministra de Salud no ha tomado contacto con nosotros y, a través de la Defensoría del Pueblo, se postergó una reunión para febrero de 2026.

La salud es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar. Los funcionarios públicos tienen el deber ético y legal de dar respuesta a la ciudadanía; su rol no es el silencio ni la evasión, sino la transparencia y el acompañamiento a las víctimas. El pasado 11 de diciembre de 2025, solicitamos una audiencia con el Gobernador y aún no hemos recibido respuesta. Esta tragedia, evidentemente, no es prioridad en su agenda de gobierno, a 8 meses de conocerse la masacre.

A nuestros familiares los mataron inyectándoles por vena un medicamento contaminado que nadie controló. Estas inhabilitaciones también exponen la necesidad urgente de que nuestros legisladores impulsen leyes de trazabilidad provincial y nacional efectivas, y que revisen normativas existentes como la Ley de Derechos del Paciente, que en la actualidad es letra muerta.

Es imperativo que los representantes elegidos por el voto popular activen su compromiso con la sociedad. La salud no puede seguir siendo un negocio sin control; necesitamos un sistema que proteja la vida antes de que esta se convierta en una estadística forense.