La Legislatura aprobó por unanimidad la reducción de 60 a 30 días para que los aumentos paritarios impacten en los haberes de los jubilados. El gobierno defendió la medida como un gesto hacia los pasivos, mientras que la oposición la leyó como una enmienda a un punto cuestionado de la reforma original, votada por el oficialismo a fines de 2024
Una iniciativa enviada por el gobernador Maximiliano Pullaro fue aprobada de forma exprés este jueves en ambas Cámaras legislativas, luego de una jornada que incluyó dos cuartos intermedios en Diputados para aguardar la sanción del Senado y habilitar su tratamiento sin paso por comisiones.
El proyecto modifica uno de los artículos más cuestionados de la reforma previsional sancionada en diciembre pasado: el plazo de 60 días para que los aumentos acordados en paritarias se trasladaran a los jubilados provinciales. Con la nueva ley, ese diferimiento pasa a ser de 30 días.
El anuncio había sido realizado por el gobernador el 15 de febrero, durante la apertura del período ordinario de sesiones en la Asamblea Legislativa. En esa oportunidad, Pullaro incluyó la modificación del plazo como uno de los ejes de su mensaje, junto con el cierre de la emergencia previsional.
La oposición acompañó de manera unánime la iniciativa, aunque aprovechó la instancia para cuestionar el proceso que dio origen a la reforma previsional original y para advertir sobre otros artículos que consideran importantes para modificar.
La diputada Celia Arena, de Hacemos Santa Fe, valoró como positivo «que se haya tomado una decisión correcta», pero recordó que cuando se votó la reforma previsional «el oficialismo votó en absoluta soledad porque no se tuvo en cuenta el informe que se presentó». La legisladora señaló que desde el interbloque peronista habían presentado en la semana un proyecto propio «para que el aumento sea concomitante», porque los jubilados son «trabajadores que aportaron toda su vida y hoy tienen una situación compleja».
Arena aclaró que el acompañamiento a la corrección no implicaba cerrar el debate y planteó la necesidad de derogar dos artículos de la reforma original: el artículo 2, conocido como «aporte solidario», y el artículo 49, que faculta al gobernador a aumentar la edad jubilatoria si Nación lo hiciera. «No puede ser una prerrogativa del gobernador el poder prorrogar», afirmó sobre el primero, y sobre el segundo advirtió que se trata de «una decisión de toda la provincia, no una potestad del gobernador».
Carlos del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, planteó que el debate de fondo es «de dónde sacar el dinero». Recordó que su bloque decidió no participar de la comisión que buscaba modificar la Caja de jubilaciones y enumeró tres hechos concretos tras la aprobación de la reforma: el artículo 2, el plazo de 60 días para los jubilados -que «evidentemente se tuvo que repensar por las distintas manifestaciones de autoconvocados»- y el artículo 49, donde se delegan facultades de la Legislatura al gobernador. «Si hay una corrección es porque hubo un error. Es una cuestión política que pedimos que se admita», sostuvo.
Desde el bloque oficialista, el diputado Rubén Galassi se mostró orgulloso de formar parte de quienes votaron la reforma previsional, porque permitió «salvar un sistema previsional de lo mejor del país». Diferenció además la Caja de Santa Fe del sistema nacional: «No puede compararse con el Ansés, porque las distancias son insalvables», precisó.
En la misma línea, el diputado José Corral rechazó que se tratara de la rectificación de un error, sino que lo definió como «una forma de frenar la bola de nieve que tiene la provincia y además reducir a la mitad este problema». Y vinculó el déficit previsional con la deuda de Nación: «Si Nación pagara lo que nos debe, pasaría directamente a cero».
La diputada Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) también celebró «que quienes acompañaron la reforma estén corrigiendo su error», pero advirtió que «el déficit de la caja se va a profundizar» y propuso que sean «la clase política quienes tengamos el mayor ajuste, y no los jubilados y trabajadores». Además, planteó la necesidad de abrir el debate hacia políticas públicas que acompañen la maternidad y las familias numerosas, como un aporte a futuro para solventar el sistema previsional.
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