El propio vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que el Ministerio de Economía retiene una parte de lo recaudado por el gravamen, de asignación específica, para "lograr el equilibrio fiscal". El "Toto" lo coloca en plazo fijo y bonos. Conflicto con organismos multilaterales de crédito y con las provincias. Pérdidas millonarias para el comercio internacional
El Gobierno libertario, que prometió bajar impuestos, aumentó varios, entre ellos el que cobra por cada litro de combustibles. Y, a la par, clausuró las obras públicas, entre ellas las viales. El tema es que ese gravamen tiene asignación específica: el mantenimiento de rutas nacionales. Sin embargo, el Ejecutivo viola la normativa y utiliza lo recaudado por esa vía para sostener el mentado y sospechado «equilibrio fiscal» con el desvío de fondos a rentas generales. Una investigación periodística firmada por Hugo Alconada Mon en el diario La Nación reveló ese «robo»: la administración de Javier Milei recaudó más de 1,5 billones de pesos mediante el tributo, pero aplicó apenas una cuarta parte al destino específico que ordena la ley.
La operatoria gira en torno al Sistema Vial Integrado (SisVial), un fideicomiso creado hace dos décadas para asegurar que el dinero proveniente de los surtidores no se desviara a gastos corrientes. Los datos duros reflejados en la nota exponen la violación: desde la llegada del líder libertario a la Casa Rosada, el nivel de fondos inmovilizados no paró de crecer, alcanzando una tasa de subejecución del 73,8%.
El propio vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que el Ministerio de Economía retiene «para lograr el equilibrio fiscal» una parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles.
«No diría que nada del dinero de ese impuesto va al mantenimiento de las rutas», afirmó Ravier en una entrevista con El Diario de La Pampa. «Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos van», intentó amortiguar la confesión. Lo que no se destina a la asignación específica, dijo, Economía lo desvía como «parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja».
En 2024, solo se ejecutó el 11,3% de lo recaudado para obras (40.668 millones de pesos). Durante 2025, la cifra subió al 39% (270.592 millones) y en los primeros cinco meses de 2026 volvió a bajar al 18,5% (83.144 millones). En total, de los 1.503.252 millones de pesos recaudados, únicamente 394.406 millones llegaron al asfalto.
La investigación periodística sostiene que más de 1 billón de pesos de estos fondos está inmovilizado en inversiones financieras gestionadas a través del Banco Nación bajo las órdenes exclusivas del Ministerio de Economía. Hasta mediados de 2025, el dinero se colocaba mayoritariamente en plazos fijos, pero luego el ministro Luis Caputo ordenó volcar masivamente los recursos a la compra de títulos públicos y Letras del Tesoro (Lecap, Boncap y Lecer).
Los expertos consultados por Alconada Mon apuntaron a la lógica de timba financiera de Caputa: definieron la argucia de la cartera económica como de «mesa de dinero». Eso, facilitado por la prórroga de presupuestos y la discrecionalidad en el manejo de fondos fiduciarios.
La recaudación nacional de julio de 2026 arrojó que los tributos a los combustibles fueron los de mejor rendimiento en el segmento de consumo, con una recolección mensual de 638.389 millones de pesos y un alza interanual del 25%. El Estado recauda cada vez más por las rutas, pero el dinero queda en el mercado financiero.
La retención de esta millonaria caja ocurre en un escenario de vacío sin antecedentes en el propio control estatal.
El SisVial tiene un régimen específico que lo excluye de la Ley de Administración Financiera. Entonces, las encargadas de supervisar su manejo son la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN). Eso no ocurre. La investigación constató que ninguno de estos organismos revisó la ejecución del fideicomiso en los últimos años.
El contexto en que se maneja el Ejecutivo nacional hace el resto. Al operar con el presupuesto nacional prorrogado durante 2024 y 2025, el Ministerio de Economía usufructuó una discrecionalidad casi absoluta para administrar la enorme caja del impuesto a los combustibles. Nada de obras, y todo a las mesas de dinero. El sello de Caputo.
El manejo ilegal de la recaudación ya generó conflicto con organismos de crédito internacionales. El caso más evidente es el de una auditoría externa realizada sobre el préstamo que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) otorgó para el Programa de Corredores Logísticos de Integración.
En ese proyecto, la CAF debía financiar el 69,74% de la obra y el Estado argentino cubrir el porcentaje restante. Sin embargo, al revisar los números de 2025, los auditores emitieron una dura advertencia: el aporte ejecutado con los fondos de contraparte local fue «nulo (0%)». Mientras las cuentas fiduciarias del Gobierno acumulaban un billón de pesos en bonos, la inversión estatal para garantizar el avance de las rutas acordadas con la entidad multilateral fue literalmente inexistente.
El deterioro de la red vial nacional generó un choque directo de la Casa Rosada con los gobiernos provinciales.
En La Pampa, ante la falta de mantenimiento y el silencio oficial, el gobernador peronista Sergio Ziliotto decidió avanzar unilateralmente y enviará a la Legislatura un proyecto para crear una «Tasa Vial» para financiar el impostergable mantenimiento de rutas nacionales que pasan por la jurisdicción.
El peaje pampeano apuntará de lleno a los camiones de más de cinco ejes que transportan arena desde Entre Ríos hacia los yacimientos de Vaca Muerta (fletes que aumentaron un 900%), exceptuando a los transportistas locales.
Ziliotto solicitó hace poco al Gobierno nacional que le transfiriera la jurisdicción de 600 kilómetros de rutas, pero exigió que el traspaso incluyera los fondos del impuesto a los combustibles que la Nación recauda y no ejecuta. Ante la negativa de la Casa Rosada, la provincia optó por cobrarle directamente a los camiones.
Diferente fue la postura del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Firmó el traspaso de la Ruta Nacional A012 por 20 años. La provincia, cuyos ciudadanos aportan a financiar el mantenimiento de rutas nacionales cada vez que cargan nafta o gasoil, costeará los trabajos que Nación no realiza con lo que recauda. Doble aporte que, sin embargo, desde la Casa Gris anunciaron como un logro.
El mandatario cordobés, Martín Llaryora, mantiene negociaciones avanzadas por la Ruta 19 en el mismo sentido: hacerse cargo de lo que corresponde a la Nación.
A mediados de junio, a través del decreto N° 256, Nación le otorgó a nueve provincias (con Neuquén y Río Negro incluidas) la posibilidad de otorgar “concesiones de obra pública por peaje” en las rutas nacionales de sus jurisdicciones. En aquel entonces, el ministro de Obras Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, advirtió que el Estado provincial no estaba «en condiciones de poner dinero sobre rutas nacionales», porque ya lo hacen en los corredores provinciales.
Esta queja patagónica por la retención impositiva no es nueva. En junio de 2025, el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, ya puso sobre la mesa el desfasaje. En un detallado informe, reclamó a Nación una deuda superior a los 48.105 millones de pesos por obras frenadas y contratos no abonados.
Las consecuencias de subejecutar el dinero vial también impactan negativamente en el comercio internacional y las fronteras. Según la nota de La Nación, el Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR), el principal paso terrestre hacia Chile ubicado en Mendoza, lleva casi un mes clausurado. Eso genera pérdidas que superan los 35 millones de dólares para el sector del transporte.
Hoy, más de 3.000 camiones permanecen varados solo en la provincia de Mendoza. Otros miles se desvían a Neuquén y también quedan atrapados en cruces fronterizos cerrados por las inclemencias climáticas. Y no hay recursos nacionales para despejar la calzada del lado argentino.
La crisis de equipamiento llegó al punto de que las autoridades de Vialidad de Chile, que ya despejaron su sector hasta la boca del túnel trasandino, le ofrecieron formalmente al gobierno argentino cruzar la frontera con sus propias maquinarias modernas para ayudarlos a sacar la nieve en la localidad de Las Cuevas.
Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) reaccionaron en duros términos a la subejecución presupuestaria en obras viales y sus consecuencias: «Nos preguntamos dónde quedó toda la inversión que se hizo años atrás. No se mantuvieron los campamentos y no sabemos dónde están las máquinas barre nieve, motoniveladoras y palas cargadoras que se adquirieron».
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