País

El pesimismo crece y Javier Milei marca su peor nivel de imagen desde que asumió: la corrupción ya es de los temas que más preocupan

Un 59% cree que la situación económica está peor que en 2024 y un 57% proyecta que empeorará en 2026. La gestión de Milei suma 57% de desaprobación

El último Monitor de Humor Social y Político de D’Alessio IROL y Berensztein confirma la tendencia negativa en la percepción ciudadana sobre la marcha del país. Por quinto mes consecutivo, crece la visión crítica respecto de la economía: un 59% de los consultados considera que está peor que en 2024, frente a un 40% que sostiene lo contrario.

Las expectativas a futuro tampoco muestran alivio: el 57% proyecta que la economía empeorará en los próximos doce meses, mientras que solo el 40% mantiene la esperanza de mejoras. Incluso entre los votantes de La Libertad Avanza (LLA), el núcleo optimista se redujo ocho puntos en el último mes.

En este contexto, la gestión de Javier Milei alcanzó su peor registro desde que asumió en diciembre: el 57% la evalúa de manera negativa y un 42% la respalda.

La brecha se amplía según la identidad política: entre votantes de Unión por la Patria, el 98% rechaza al gobierno, mientras que entre los de LLA la aprobación se sostiene en el 72%, dos puntos menos que en julio.

El sondeo, realizado entre el 29 y 31 de agosto sobre 1.000 casos en todo el país, también muestra una agenda de preocupaciones atravesada por la inseguridad y la incertidumbre económica, ambas con un 66%. Les siguen la falta de propuestas de crecimiento (55%) y la corrupción en el gobierno de Milei (55%), un tema que se potenció tras el escándalo de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El ranking de dirigentes muestra a Patricia Bullrich en primer lugar, con 42% de imagen positiva, seguida por Guillermo Francos (40%) y Milei (39%). La vicepresidenta Victoria Villarruel, en cambio, sufrió un fuerte retroceso y cayó al 31%, mientras que Axel Kicillof (36%) y Cristina Kirchner (28%) recuperaron terreno.

Finalmente, sobre los vetos presidenciales a leyes de emergencia en jubilaciones y discapacidad, un 44% considera que el Ejecutivo lo hizo para evitar mayor gasto público, mientras que un 25% lo atribuye a motivos políticos y un 20% a corrupción o insensibilidad.

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