Foto: Juan José García
Por segundo año consecutivo, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierten una baja pronunciada en el presupuesto asignado a las universidades públicas.
Si bien el Poder Ejecutivo realizó recientemente un aumento del 29% a través del decreto 425/25, los recursos asignados en 2025 para el Programa de Desarrollo de la Educación Superior se ubican en su nivel más bajo en casi dos décadas.
En términos reales, el presupuesto para 2025 es un 9% inferior al del año pasado y acumula una caída del 32% desde 2023. Este recorte compromete el funcionamiento de las universidades y limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad.
Además, la inversión por estudiante es la más baja desde 2005: $2,1 millones en 2025 cuando en promedio entre 2010 y 2023 se gastaba $4 millones. Ajustada por inflación, esta cifra es 53% menor que la registrada hace una década.
Las universidades públicas cumplen un rol estratégico en la producción de conocimiento, la formación de profesionales y la reducción de desigualdades. La caída sostenida de su presupuesto compromete estas funciones y refleja un cambio en las prioridades del Estado, con consecuencias para el desarrollo educativo y científico.
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