Su arribo se dio luego de casi siete años con arresto domiciliario en México. Martins llegó a dominar la noche porteña con una docena de “whiskerías”, donde la trata de mujeres habría sido el eje, con la complicidad de la política, la justicia federal y la policía. Detrás de él viaja una trama de proxenetismo binacional que tocaría a Los Zetas, a media docena de magistrados y a una foto de luna de miel que Mauricio Macri explica distinto cada vez que se la mencionan
Mauro Federico – Ivy Cángaro / Data Clave
El 21 de agosto, el hombre calvo, flaco y de mirada torva salió de su piso de lujo con vista al mar, donde permanecía con arresto domiciliario y fue esposado, en bermudas y remera, sólo munido de un neceser con sus remedios, hasta el auto de la policía que lo llevó hasta el aeropuerto de Cancún rumbo a Ezeiza.
Llegó a la madrugada del día siguiente. La justicia federal argentina venía reclamándolo desde 2019, pero el tiempo pasaba y él seguía disfrutando de las mieles de la playa, que tan bien le hacía a su bronceado constante. Raúl Luis Martins Coggiola, de 78 años, espera ahora que siga su suerte y no vaya de cabeza a un penal.
Fue el cierre de casi siete años de prisión domiciliaria en México, que sus propios defensores llegaron a describir, sin ironía, como “una prisión de oro”. La foto de la detención original es de 2019: Interpol lo agarró en el aeropuerto de Cancún el 3 de octubre de ese año, después de que la jueza federal María Servini ordenara su captura internacional y la Sala IV de Casación Penal, con Gustavo Hornos a la cabeza, confirmara el procesamiento por ser jefe de una asociación ilícita y por la explotación económica de la prostitución ajena. Entre esa detención y el avión de esta semana pasaron recursos, un trámite empantanado y, en algún momento del camino, una fuga de foco hacia Belice que estiró todo el proceso.
Ahora, con Martins físicamente en el país por primera vez desde 2019, la causa puede avanzar por fin hacia el juicio oral. Vuelve, además, en un año de reacomodamiento político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En una lectura especulativa, si es cierto lo que se le atribuye sobre el uso de sus locales como caja de resonancia de información privada durante casi cuatro décadas, el regreso de Martins podría incomodar no a instituciones abstractas, sino a nombres y apellidos concretos que todavía conservan poder.
Antes de ser el empresario de la noche que persigue la prensa de dos países, Raúl Martins fue profesor de historia en un colegio católico de Buenos Aires. De ahí el apodo que le pusieron en la Secretaría de Inteligencia del Estado, adonde entró en 1974, en pleno gobierno de Isabel Perón y con el auspicio de José López Rega, el fundador de la Triple A: “El Profesor”.
En la SIDE operó bajo el alias Aristóbulo Manghi (también citado como “Menghi”) y egresó de la Escuela Nacional de Inteligencia en 1985. Trabajó a las órdenes directas de Antonio “Jaime” Stiuso, el histórico jefe de facto de Contrainteligencia, durante los trece años que estuvo en la agencia, hasta su retiro en 1987.
Ahí arranca la segunda carrera. Según la investigación judicial que en su momento encabezó el fallecido fiscal Federico Delgado, Martins construyó en Buenos Aires una organización que llegó a manejar al menos diez locales nocturnos: boliches, whiskerías, hoteles por hora, frecuentados por figuras de la política, el espectáculo y la justicia. Un primer juicio, en 1997, se cayó por incompetencia del tribunal que lo llevó adelante.
A comienzos de los años 2000 se fugó a México. Ahí empieza la mitad de la historia que lo conecta con el narcotráfico, con gobernadores y con un negocio que la prensa terminó bautizando con el nombre de uno de sus portales: Zona Divas.
En Buenos Aires hubo, en rigor, dos generaciones de locales. La primera, de comienzos de 2012, cuando el caso se instaló en la agenda pública: un circuito de al menos seis direcciones porteñas —The One, sobre Chacabuco; Divas; Ellegance; Maxims y Mix Sky Lounge, más un séptimo local que nunca se identificó. Dos de esos nombres, The One y Mix Sky Lounge, reaparecen después en las crónicas sobre Cancún: Martins reutilizó las marcas en los dos países.
La segunda generación es la que terminó en la justicia federal: diez locales habilitados como “bar, café o whiskería”, activos desde al menos 2010, cada uno con dirección propia. Hot Area, en Juan B. Justo 5302. Top Secret, en Artigas 1444. Anchorena Swinger Club, en Anchorena 1121, Recoleta. Brut, en Vicente López 2257. Fama, en Rivadavia 7373. Oba-Oba, en Rivadavia 2434. Hippopotamus, en Junín 1787, también Recoleta. Approach, en San Martín 957. Extra Brut, en Las Heras 2311. Y Sweet Club, en Chacabuco 160. Brut y Extra Brut, aclaremos, son dos locales distintos y no el mismo con dos nombres, como llegó a sugerir alguna cobertura.
El más importante de los diez era, lejos, el Anchorena: un boliche a metros de la por entonces comisaría 19ª, con pileta en el quinto piso, habilitaciones truchas y a Félix Víctor de Winne como socio. Lo allanaron y lo clausuraron el 27 de febrero de 2015, con diez móviles de la Prefectura, por orden de Servini y en el marco de la ley 26.842 contra la Trata. Fue el cierre simbólico de la etapa porteña: para entonces Martins ya vivía instalado en México desde hacía más de una década.
Detrás de los diez locales, eso sí, Martins se mantuvo formalmente invisible. Los títulos figuraban a nombre de familiares políticos y de terceros de confianza —el mismo patrón que, según la causa, se repite en cada sociedad. Ese modus operandi es también el límite de lo que se puede afirmar sobre Hippopotamus.
La dirección, Junín 1787, es la misma exacta del legendario boliche-restaurante Hippopotamus que Guido Parisier inauguró el 17 de septiembre de 1981, un ícono de la noche porteña de los 80 por el que pasaron políticos, artistas y jueces, y donde debutó como cocinero Francis Mallmann. Hoy, en ese local, funciona el club Afrika.
La coincidencia de dirección es exacta; la de propietario, no. Parisier —una figura de la noche con siete décadas de trayectoria— no tiene antecedentes en esta causa, y ningún artículo lo vincula con la whiskería que operaba bajo el nombre Hippopotamus en 2010, cuando arranca el período investigado. Todo indica que se trató de un local distinto, con otra razón social, que reutilizó un nombre reconocible de la noche porteña —algo frecuente en el rubro— en una dirección que para entonces ya no albergaba al Hippopotamus original. Quién figuraba como titular de esa whiskería puntual no aparece en ninguna cobertura: ahí, como en los otros nueve locales, lo único documentado es el patrón general de testaferros.
Martins entró a México por Tijuana en 2000 y abrió ahí un local llamado The One. Un conflicto con el cártel de los Arellano Félix terminó en un secuestro, después del cual se corrió a Cancún, donde operó bajo la protección del entonces gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz. Quien más lo documentó fue el periodista mexicano Renán Castro, que lleva 18 años investigándolo, sobrevivió a dos atentados y a un ataque con granada contra su redacción, y trabaja desde hace años con custodia policial permanente.
Hendricks no llegó al poder por mérito propio. Su campaña de 1998–99 fue financiada por su antecesor Mario Villanueva —el gobernador que terminaría condenado en México a 28 años de prisión y, después, a otros 11 ante la Justicia de Estados Unidos, tras admitir haber facilitado el paso de cocaína del cártel de Juárez por Quintana Roo—. Circularon recibos por unos 23,5 millones de pesos transferidos entre diciembre de 1998 y febrero de 1999, con una fuente que llegó a hablar de hasta 56 millones, salidos de las secretarías de Finanzas y Gobierno del estado.
Ya como gobernador, Hendricks construyó además una sociedad comercial de años con el empresario Isaac Hamui —dueño, junto a él, de un muelle de cruceros, un centro de convenciones, fraccionamientos y hasta un diario—, un vínculo del que algunos llegaron a decir que Hamui operaba como prestanombres de los intereses de Hendricks. Es justamente esa sociedad la que el propio abogado de Martins, Claudio Lifschitz —conocido por su rol en la causa AMIA—, usó para explicar la protección de la que gozaba su cliente en Cancún. Según dijo, Martins se jactaba de tener el teléfono personal del delegado de la PGR en la ciudad gracias al paraguas de Hamui, a quien describió como socio de Hendricks. Que el aparato policial y político de Quintana Roo toleraba y hacía crecer el narcomenudeo bajo el gobierno de Hendricks fue, en su momento, la lectura de buena parte de la prensa que cubrió la zona; que Hendricks mismo haya protegido directamente el negocio de Martins es, en cambio, un señalamiento de su abogado, no un hecho establecido por una sentencia judicial.
En Cancún y Playa del Carmen, Martins llegó a manejar al menos cuatro establecimientos —The One, Mix Sky Lounge, Divas Cancún y un local en Playa del Carmen—, cada uno con capacidad para unas 200 personas. Sólo en The One habría más de 80 mujeres en situación de explotación, y la red completa —sumando el catálogo digital Zona Divas, que ofrecía “servicio a domicilio”— habría llegado a involucrar a más de 250 mujeres. Zona Divas terminó dándole a Martins el apodo con el que hoy lo identifican en México: “el dueño de Zona Divas”.
Con Los Zetas, según esa misma investigación, había un acuerdo de convivencia: el cártel se quedaba con un 20% de una ganancia mensual estimada en dos millones de dólares. Es también Renán Castro quien sostiene la acusación más grave de todo el expediente: que Martins gozó de protección política bajo los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Martins habría financiado además a periodistas y medios locales para instalar la versión de que su eventual detención sería “irregular” —habría ofrecido hasta 3.000 dólares por nota en ese sentido—, y al menos una publicación lo defendió de forma sistemática.
Ese territorio no cambió tanto. Quintana Roo sigue siendo, casi tres décadas después de que Martins se instalara ahí, uno de los puntos más calientes del país en las dos causas que atraviesan toda esta historia. En 2025 concentró 484 de los 831 casos de trata de personas registrados en México —el 58,2% del total nacional, con un salto del 176% respecto de 2024, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública—, entre víctimas mexicanas y extranjeras, estas últimas de Colombia, Cuba, Venezuela, Argentina e India. En paralelo, el corredor que va de Cancún a Tulum por la Riviera Maya sigue disputado entre el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Noreste, que cobran derecho de piso a comerciantes y usan pistas clandestinas para mover droga. La estructura que Martins ayudó a instalar —protección política, policía cooptada, explotación sexual funcionando puertas adentro de locales nocturnos— no se fue con él.
Lo mejor documentado de toda la trama es la protección institucional. Lorena Martins, la hija que denunció a su padre, aportó a la causa planillas que registraban el pago de coimas mensuales por unos 35.000 pesos repartidos entre once dependencias de la Policía Federal, además de inspectores del Gobierno de la Ciudad.
El vínculo mejor documentado con nombre y apellido es el del juez federal Norberto Oyarbide. Según Lorena, Oyarbide era amigo personal de su padre desde hacía más de treinta años: fue al casamiento de ella y al de su hermano, y le compraba a Martins objetos —parcelas de cementerios privados, un cuadro, una alfombra— a precios muy por encima de su valor real, algo que la denunciante interpreta como una forma disimulada de pago. Cuando Lorena denunció en 2011, el sorteo la mandó, por pura casualidad, al juzgado del propio Oyarbide, que la dejó sin avances durante cuatro años hasta que ella misma pidió que se apartara por la amistad. Recién entonces el caso pasó a Servini de Cubría. El fiscal Gerardo Pollicita también se excusó en ese momento, por vínculos previos con Mauricio Macri.
Sobre el propio Martins, cuando le preguntaron a Lorena por famosos que frecuentaran los locales de Cancún, contestó con una sinceridad que dice bastante sobre lo poco que hasta la familia puede precisar: “No lo sé. Sé que iba gente que podía ser conocida, pero de nombres no me acuerdo”. La única visita de figuras públicas que sitúa con precisión es la de Mauricio Macri y Juliana Awada en el Mix Sky Lounge de Cancún, durante su luna de miel, acompañados por Gabriel Conde. Un dato de México, no de Buenos Aires—aunque es el que más repercusión tuvo.
Ese vínculo con Macri arranca, entonces, con una foto: en noviembre de 2010, en su luna de miel, Macri visitó el Mix Sky Lounge de Cancún, el local de Gabriel Conde.
La denuncia formal, presentada por Lorena con el respaldo de La Alameda —la organización antitrata que dirige Gustavo Vera—, sostiene que la red de su padre financió la campaña de Macri a jefe de Gobierno porteño, primero en 2007 y otra vez en la reelección de 2011, a cambio de protección para sus locales. Vera dice tener mails de Raúl Oscar Ríos, entonces titular de la Agencia Gubernamental de Control porteña, en los que se habría gestionado habilitaciones de prostíbulos a cambio de esos aportes, y ubica el punto de entrega de fondos en el CGP N. 7, el centro de gestión que el PRO tenía en Flores.
El mail que más circuló es del propio Martins, del 26 de julio de 2011, respondiendo a un pedido de aporte para el ballotage: “Yo creo que sí; hay que contribuir para Mauricio, más cuando todos los negocios están en la Capital”. La Alameda amplió después el cuadro con un informe propio que menciona una lista de 126 prostíbulos vinculados al entramado de poder porteño de la época.
Macri respondió dos veces, en enero de 2012. Primero, sobre Martins: “No lo conozco y —como informó el presidente del partido— no ha sido aportante en la campaña de Pro. Lo importante es que nosotros no hemos recibido ningún aporte y que nadie conoce a este señor”. Después, sobre Lorena: “Hay un montón de cosas que dice esa señorita que son mentira y que no tiene ni una prueba. Hizo una denuncia sin ninguna prueba”. Sobre la foto en Cancún, dijo que pasó a saludar a Conde por invitación, y que el local “era un lugar normal, era como ir a un boliche común”. Su entorno, en cambio, sí reconoció que Macri conocía a Gabriel Conde desde antes.
Martins contestó por radio desde Cancún el 17 de enero de 2012: “Al señor Macri no lo conozco ni lo vi en mi vida”. Dijo que su único vínculo con ese círculo era la amistad con Gabriel Conde, y reconoció la amistad con Oyarbide —calificando de “maliciosa” la difusión de ese dato.
Lorena fue más lejos que nadie. Dijo que su padre tenía grabaciones de funcionarios judiciales en situaciones íntimas —“un proxeneta de la SIDE con videos grabados con fines extorsivos”— y contactos activos dentro de la SIDE, y se preguntó por qué, con años de causa y pruebas en video según ella, sólo él terminó procesado mientras otros integrantes de la red circulaban libres. Llegó a sugerir un conflicto de interés directo en el expediente: “No es accidental que la hija de Stiuso trabaje con Servini”, dijo, sobre la jueza que en distintos momentos tuvo la causa. Son afirmaciones de la denunciante, no hechos judicialmente establecidos.
El resto de su testimonio es igual de duro: dijo que las víctimas eran trasladadas a Mendoza y a México con los pasaportes confiscados, y contó el caso de una mujer que se tiró de un auto en movimiento para evitar que la entregaran a un narcotraficante.
La denuncia de Lorena pasó primero por el juzgado de Oyarbide y, según ella misma, “quedó en la nada”. Cuando llegó a Servini, la jueza la archivó en 2012: argumentó que Martins ya había sido absuelto en causas anteriores y que su hija usaba la denuncia como presión en un conflicto por dinero del divorcio. La Cámara Federal revocó ese archivo en 2016 y reactivó la investigación, que terminaría en el procesamiento de 2019. En paralelo, la documentación sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de campaña llegó también al juzgado de Ariel Lijo y ahí quedó archivada.
El resto de la línea de tiempo es más recta. En septiembre de 2019, Servini de Cubría ordena la captura internacional y la Sala IV de Casación confirma el procesamiento por asociación ilícita y explotación de la prostitución ajena; el 3 de octubre de ese año, Interpol lo detiene en Cancún. En agosto de 2022, la Corte Suprema deja firme la prisión preventiva. En 2023, Casación rechaza un planteo de nulidad de la defensa. En octubre de 2024, Servini procesa —sin prisión preventiva— a su pareja Estela Percival, a su cuñada Natalia Percival y a su suegra Virginia Solís, por asociación ilícita y lavado de activos. En febrero de 2025, la Cámara Federal porteña, las sobresee por asociación ilícita pero mantiene el procesamiento por lavado. En julio de 2025, Casación anula esos sobreseimientos y la asociación ilícita vuelve a estar imputada, con embargos de 20 millones de pesos sobre los bienes de cada una.
De fondo, todo el tiempo, la vieja pertenencia a la SIDE. Bajo el alias Aristóbulo Manghi, Martins tuvo relación cercana con Stiuso y con un operador de Stiuso identificado como Pedro “Lauchón” Viale, ejecutado por la policía en 2013 en un episodio que el propio Stiuso interpretó como un atentado dirigido en realidad contra él. El hilo conductor de toda la trama es que los locales de Martins funcionaban, además de como negocio, como un lugar de cruce entre políticos, empresarios, jueces y jefes policiales.
Luis Conde murió antes de que este caso llegara a los tribunales, pero su nombre es la bisagra entre el mundo de la noche de Martins y el mundo de Boca Juniors y el PRO. Fue dueño de Shampoo, un cabaret de Recoleta, y ahí empezó a acompañar a Mauricio Macri quince años antes del escándalo, cuando Macri daba sus primeros pasos como dirigente de Boca, en 1995. Con Macri ya presidente del club, Conde llegó a vicepresidente y trabajó además en SOCMA, el holding de la familia Macri. Se le atribuye la construcción de una red de prostíbulos VIP que después continuaría, en México, su hijo.
Gabriel Conde es la pieza que conecta a Martins con Macri de forma más directa. Creció en el negocio de su padre y, ya en la Argentina, fue investigado por explotación sexual de mujeres: se fue del país en 1998 antes de que la causa avanzara, y se instaló en México. Ahí se convirtió en empleado y después socio de Martins. Con el tiempo abrió sus propios locales en Cancún, entre ellos Mix Sky Lounge —el de la foto de 2010 con Macri y Awada— y, más recientemente, Kiss Night Club.
A Conde se lo señaló, en más de una cobertura, por corrupción de menores. Está, además, el testimonio de la madre de Susana Becket, una víctima de trata, que declaró que su hija fue prostituida en el local de Conde antes de morir. Conde sigue moviéndose entre los dos países y mostrando en redes un nivel de vida alto, sin ninguna condena que hoy lo mantenga preso.
Estela Percival, la pareja de Martins, está procesada por asociación ilícita y lavado de activos: según la causa, habría co-administrado el negocio de prostíbulos en México. Mariano Martins, el hijo, está imputado por lavado de dinero proveniente de la explotación sexual, a través de operaciones bancarias e inmobiliarias. Natalia Percival, cuñada de Martins, está procesada por los mismos delitos que Estela; figuraba como socia gerente del Hotel Anchorena, una de las propiedades bajo la lupa de la investigación patrimonial. Virginia Solís, suegra de Martins, enfrenta el mismo procesamiento; aparecía como apoderada del seguro de ese mismo hotel familiar. Lorena Martins, la hija que hizo estallar el caso, no tiene imputación en esta causa.
Con Martins de vuelta en el país por primera vez desde 2019, la causa por trata de personas y lavado de dinero puede avanzar, por fin, hacia el juicio oral. En paralelo sigue viva la causa contra su núcleo familiar, con la asociación ilícita reactivada en julio de 2025 y embargos vigentes sobre Estela Percival, Natalia Percival y Virginia Solís
Queda pendiente, eso sí, lo que ninguna de las dos causas va a resolver por sí sola: qué hace un hombre que pasó casi cuarenta años cruzando información entre policías, jueces, empresarios y políticos cuando vuelve al país en un año electoral. Esa es, por ahora, es una pregunta sin una respuesta.
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