El socialismo rechazó las «injuriantes declaraciones» de la secretaria de DD.HH. Lucila Puyol

Las leyes aprobadas en la Legislatura que establecen una serie de incompatibilidades para los funcionarios que se desempeñan en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la que apunta a regular y transparentar el uso de gastos reservados de los poderes Ejecutivo y Judicial, siguen dando que hablar. La postura del oficialismo es que el Frente Progresista y «la derecha peronista» quieren cogobernar y acotar la lucha del gobierno provincial contra las mafias. Fue en ese contexto que la secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, Lucila Puyol, vinculó al socialismo y al ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro con el narcotráfico. Desde el Partido Socialista rechazaron las «injuriantes declaraciones» de la funcionaria del gobierno de Omar Perotti, a las que catalogaron de «graves e inadmisibles».

Las leyes que apuntan contra el ministro Sain salieron en trámite exprés y en forma coordinada entre las cámaras y los bloques políticos. No sólo acompañó la oposición sino que también lo hicieron legisladoras peronistas, mientras un par más se abstuvieron, lo que despertó la ira puertas adentro del gobierno de Perotti. Sain, en declaraciones a El Ciudadano, había dicho que ese hecho expuso al “viejo bloque de poder que ha gobernado la provincia de Santa Fe en la última década en donde están el Frente Progresista y la derecha peronista”.

En ese marco, se dio la publicación en Twitter de Puyol. «Si te golpea el narcosocialismo de (Maximiliano) Pullaro y compañía sumados con la derecha conservadora, sigamos adelante que estamos haciendo las cosas bien», afirmó al compartir un artículo del diario Rosario/12 cuyo título era «Duro golpe desde la Legislatura para Sain». Y para que no queden dudas de la postura del oficialismo, la secretaria de Derechos Humanos arrobó al ministro de Seguridad y al propio gobernador Perotti.

Ante la acusación, llegó la respuesta del socialismo. «El Partido Socialista de Santa Fe rechazó por injuriantes y falaces las declaraciones de la secretaria de Derechos Humanos de Santa Fe, Lucila Puyol, quien nuestra fuerza política y ex funcionarios del Frente Progresista, Cívico y Social», comunicaron.

«Estos dichos, formulados a través de sus redes sociales, son graves e inadmisibles no sólo porque lesionan la institucionalidad democrática, sino porque provienen de una funcionaria cuya misión es garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en la provincia», amplió el PS.

«Estos agravios por parte de Puyol lamentablemente no son una novedad en la conducta de esta funcionaria, ya que como abogada patrocinó una denuncia falsa que dañó moralmente al ex gobernador Hermes Binner y su familia, acción de la cual nunca expresó disculpas ni mostró signos de arrepentimiento», remarcaron al hacer referencia a la acusación nunca comprobada y desestimada en la Justicia de que el hermano del ex gobernador socialista estaba involucrado en el robo de bebés.

«El Partido Socialista solicitará a sus legisladoras y legisladores que lleven adelante todas las acciones institucionales correspondientes para exigir una explicación por parte de la secretaria de Derechos Humanos, sin descartar el inicio de acciones legales», agregaron y concluyeron: «Finalmente, llamamos a la reflexión al gobierno y a sus funcionarias y funcionarios para que las diferencias políticas se expresen en un marco de convivencia democrática con racionalidad y respeto».

Las iniciativas aprobadas por la legislatura y que desataron el cimbronazo político en la provincia declaran la incompatibilidad, para acceder al cargo de fiscal general, fiscal regional, fiscal de grado o director de cualquier organismo del MPA, de quienes se hayan desempeñado como funcionarios en el área de seguridad, en los últimos dos años, bajo la dependencia de otro poder del Estado; mientras que la otra tiene por objeto regular los gastos reservados y establece la obligación de todos los organismos del Estado (Ministerio de Seguridad, Policía, Ministerio de Gobierno y MPA) de que se haga una rendición de cuentas, posterior al final de la investigación en cuestión, ante el Tribunal de Cuentas de la provincia.