La Justicia resolvió archivar la denuncia penal impulsada contra tres psicólogas de la Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (Aevas), acusadas originalmente de integrar una asociación ilícita y redactar informes falsos para obstaculizar el contacto de progenitores con sus hijos en el marco de causas por abusos sexuales. La resolución, firmada por las fiscales Guillermina Aiello, Bárbara Glikman y Guillermina Torno, determinó la inexistencia de evidencia objetiva que sostenga el dolo o la manipulación deliberada en los diagnósticos. Tras el dictamen, desde la organización celebraron la medida judicial, cuestionaron los ataques y las agresiones mediáticas sufridas y aseguraron que el proceso penal fue utilizado como una “estrategia de intimidación y de impunidad” para favorecer a los denunciantes.
“Fue un año muy complejo tanto en lo personal como en relación con la asociación. No solo tuvo el impacto de estar en todos los medios, sino que hubo una repercusión muy grande en redes sociales con ataques y discursos de odio. El más extremo, que está denunciado, fue el de Presto, un comunicador que a través de un streaming, con la denuncia en la mano, terminó diciendo «¿Qué hay que hacer con estas tres hijas de puta? Hay que colgarlas en la plaza pública». Entonces, no es la denuncia y la desestimación, sino el relato de ataque que se instaló en términos personales y hacia la disciplina lo que tiene mayor gravedad”, dijo una de las profesionales denunciadas y agregó que recopilaron más de 60 mensajes con agresiones.
“Sabemos que los discursos de odio pueden generar actos de odio, lo cual hizo que tuviéramos que estar alertas y modificar hasta nuestra cotidianidad en relación con los cuidados. Atender cualquier situación que involucre una sospecha de abuso sexual de niños o niñas pasó a ser algo peligroso. Y eso tiene como consecuencia que esos niños y niñas no accedan a un espacio de salud mental; es gravísimo”, agregó.
La denuncia, que se conoció en marzo pasado, pero se remonta a septiembre de 2025, fue patrocinada por diez abogados de la ciudad de Rosario, en representación de siete hombres acusados de abuso sexual. El escrito apuntaba contra tres profesionales por la presunta conformación de asociación ilícita y emisión de informes falsos para evitar el contacto entre uno de los progenitores y sus hijos.
“Fuimos convocadas por la Justicia para acompañar a los pacientes y realizar los informes que, además de ser una obligación, están construidos con un criterio profesional y una formación muy específica en relación con la temática. Los indicadores específicos e inespecíficos están estudiados y observados por la disciplina de la psicología con mucha profundidad y los autores que utilizamos son los de mayor referencia. Puede estar el mismo nombre del síndrome, lo que no significa que estemos copiando el informe”, aclaró la profesional sobre las acusaciones de supuestas coincidencias “llamativas” en los informes.
Para la integrante de Aevas, la denuncia y el relato mediático forman parte del denominado backlash, un término en inglés que refiere a las contramarchas de las conquistas de derechos en el campo de violencias de género y de abuso sexual. “Todas las conquistas que hemos tenido a lo largo de los años han tenido esas contramarchas. Primero dijeron que los niños mienten, después que las madres mienten y ahora que las profesionales mienten. Pretenden que, de alguna manera, se desestime el informe y obtengan un beneficio sobre la causa particular de cada una de estas personas. No es nuevo. Hay colegas de muchos años que han tenido los mismos ataques, aunque nunca con este nivel de exposición. Lo que es nuevo es orquestar la maniobra del ataque a profesionales con lo mediático”, explicó y señaló que la Fiscalía investiga los dichos del comunicador Presto y que desde la Asociación denunciarán los ataques sufridos.
“Lo que logran con este tipo de maniobras es generar miedo en las profesionales, condicionar la atención, el acceso a la salud mental de las niñas y los niños, y silenciar. Una forma de ir contra ese silencio que abona a la violencia es hacer las denuncias que correspondan”, agregó.
La profesional consideró que lo más grave son las consecuencias en la disciplina y señaló que hubo una merma de atención en casos vinculados con violencias o abusos. “Hoy la mayoría de las colegas no están tomando casos judicializados. Mantuvimos una reunión con el Colegio de Psicólogos para plantear la situación. No se puede trabajar pensando que si hacés un informe vas a tener que afrontar después este tipo de riesgo”, señaló y destacó el acompañamiento de los colectivos de profesionales de todo el país.
Desestimación
Las fiscales Guillermina Aiello, Bárbara Glikman y Guillermina Torno resolvieron desestimar la denuncia por insuficiencia de elementos serios, precisos y verosímiles para continuar fundadamente una investigación penal.
Entre los argumentos, señalaron que las profesionales “abordan un campo específico y es frecuente que un grupo reducido de profesionales esté especializado en una materia muy concreta” y que “la confección de dichos informes constituye una tarea propia de la labor de las psicólogas, la cual, por lógica, debe ser remunerada”.
Mencionan que “si bien los informes no parten de una tarea pericial, sino clínica, lo denunciado constituye un desconocimiento de las condiciones de los informes desde la idoneidad del testigo experto psicólogo”, y que “debe considerarse que hay expresiones que se correspondan con indicadores específicos e inespecíficos de abuso sexual en la infancia: los niños y niñas pueden no verbalizar los hechos de forma directa e inmediata”.
La Fiscalía descartó que hubiera «copias» o «identidad» entre los informes presentados: “Los indicadores reconocidos por todas/os las/os autores especializados en la materia remiten a las recurrencias en el marco de determinadas afectaciones. No dista de la tarea de los signos y/o síntomas en otras disciplinas científicas la coincidencia en uno u otro caso (…) Más que una copia textual de frases, se trata de indicadores que pueden ser observados por las personas expertas en la materia”.
“Equiparar el disenso profesional o el diagnóstico erróneo al dolo penal vulnera el principio de legalidad, y en el supuesto caso de posible existencia de «mala praxis», ello debe sustanciarse ante el Tribunal de Ética del Colegio de Psicólogos”, agregaron las fiscales y, en ese sentido, descartaron que exista “evidencia alguna para sostener que las profesionales cuestionadas deliberadamente hayan distorsionado lo informado oportunamente”.
Intimidación e impunidad
Desde Aevas emitieron un comunicado en el que celebran la resolución y aseguraron que el proceso penal fue utilizado como una “estrategia de intimidación y de impunidad”.
“Luego de un año de investigación, quedó al descubierto una vil maniobra de ataques hacia quienes a diario trabajan en la asistencia a niñas y niños víctimas de abusos sexuales”, señalaron y destacaron que el fallo afirmó que “(…) la intervención clínica de las profesionales se ajustó estrictamente a los estándares de contención y escucha activa, garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las infancias, en un todo de acuerdo con el principio del interés superior del niño”.
Desde la organización subrayaron que “de manera inédita se unieron en septiembre de 2025 los abogados Juan Lewis, Viviana Cosentino, Ramiro Cóso, Carina Lurati, Froilán Ravena, Renzo Biga, José Nanni, Rafael Tamous, Estela Marelli y Adriana Torchio, para pergeñar la maniobra” con el objetivo de lograr una mejora procesal de los denunciados, disuadir a profesionales en la asistencia de víctimas y perjudicar a las madres “que son diariamente agredidas por proteger a sus hijas/os”.
Además, indicaron que el fallo “permite comprobar que se desmanteló una estrategia de intimidación y de utilización del sistema penal para lograr impunidad” y, por último, reafirmaron el “compromiso en la lucha contra las violencias de género y abusos sexuales”.
