Embargo por 430 millones de pesos a empresarios acusados de tala ilegal de palo santo en Salta

La Cámara Federal porteña confirmó procesamientos y embargos por 430 millones de pesos a empresarios acusados de falsificar documentos para intentar exportar 1.282 toneladas de madera de palo santo, una especie protegida, producto de la presunta tala ilegal en Salta. El Tribunal de Apelaciones confirmó de manera parcial procesamientos resueltos y ordenó profundizar la investigación para determinar si hubo además intento de «contrabando agravado», según el fallo al que tuvo acceso Télam.

Los acusados fueron procesados el 14 de julio último por presunto «contrabando agravado por la utilización de documentos adulterados o falsos y por la intervención de funcionarios públicos», en un fallo del juez federal Sebastián Casanello.

Al resolver las apelaciones, la Cámara cambió la calificación legal del delito a «uso de documento público falso y tentativa de falsedad ideológica» y ordenó profundizar la pesquisa en lo vinculado al intento de contrabando.

Los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah ratificaron el multimillonario embargo fijado por Casanello, ante «la cantidad de madera proveniente de tala ilegal que se detectó -tanto la que se pretendía exportar como la que se halló-, y el daño ambiental de envergadura que es posible conjugar en base a esos datos», remarcaron en la resolución.

Además destacaron que en caso de recaer condena firme será «primordial» la obligación «de recomponer» el daño ambiental ocasionado y remarcaron que la «especie en cuestión se encuentra desde 2010 incluida en el apéndice II de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres»

Se trata de madera de palo santo (Bulnesia sarmientoi) y el delito investigado habría ocurrido desde 2013 cuando se autorizó la tala controlada a una finca salteña.

Pero de manera posterior, tres empresas exportadoras que compraron la madera intentaron gestionar los permisos ante la secretaria de Ambiente Humano de la Nación y se detectó que la tala se habría concretado en otras fincas salteñas, de manera ilegal.

«El tribunal entiende que la prueba rendida permite afirmar con suficiencia, al menos con el grado de provisoriedad que caracteriza a esta etapa, que la madera que se intentaba exportar no provino de Las Colmenas», advirtió la Cámara.

Esta última finca era la autorizada para la tala, que según imágenes satelitales y otras evidencias en la causa, nunca realizó. En la causa se sospecha que en realidad se usó a esa finca como «pantalla» para la tala ilegal en otros sitios no autorizados.

«Entre los efectos y documentación secuestrada, a modo ilustrativo cabe recordar que en la finca Balbuena, ubicada en el departamento general San Martín de Salta, donde se sospecha que además del acopio se hacía al menos parte de la tala ilegal, se halló lo que se estimó podían ser siete mil toneladas de madera (incluido palo santo), catorce martillos forestales que permitían registrar antojadizamente el origen del producto», entre otra evidencia, recordó el Tribunal de Apelaciones.

En otro lugar, un aserradero en San Ramón de la Nueva Orán, vinculado a una de las empresas investigadas, «Winner Internacional SRL» «se incautó más de 360 toneladas de diversa madera, que carecía de la identificación» y entre ella » había ejemplares de árboles cuya tala está directamente prohibida», se remarcó.

Entre las evidencias la Cámara mencionó correos electrónicos donde los involucrados abiertamente mencionaban exportaciones «esquivando» los controles del Senasa y la Aduana.

Para la Cámara, quedó comprada «la discrecionalidad y arbitrariedad con que se manejaba en los hechos una actividad reglada».

Los procesamientos quedaron confirmados por el delito de «uso de documento público falso y tentativa de falsedad ideológica» contra Claudio Domínguez, Elvio Ciganotto, Zhang Yanchao, Silvana Logiudice, Rubén Santiago Piceda, Jorge Luciano Rafart Corvetto y Melisa Esperanza Piceda. También quedaron procesados Jorge Pocovi, Cristian Gribaudo, Hugo Girón y Pablo Isa.

Los imputados están vinculados a las empresas bajo investigación y tres de ellos eran funcionarios de Ambiente en Salta al momento de los hechos, pero antes habían integrado alguna de estas firmas.

En la causa se investiga a las empresas Entrecomex Global SRL, Tropical Bushes y Regional Woods.