Las exautoridades del Banco Nación, Javier González Fraga y Lucas Llach, están entre los involucrados en esta megacausa, donde se los señala por beneficiar a la compañía. Las indagatorias arrancaron en noviembre y seguirán después de la feria judicial. Fuertes acusaciones sobre la responsabilidad de ambos
En el marco de la causa Vicentín, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10 estableció el embargo y la inhibición de bienes para los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri que estuvieron al mando del Banco Nación. Entre los mencionados están el ex presidente de la entidad, Javier González Fraga y su vice, Lucas Llach.
La resolución sostiene que la “finalidad del embargo se extiende a asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, y de esta manera impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión. También será necesario considerar la posible pena de multa que pudiera dictarse y la solidaridad en la obligación de reparar el daño que pudiera recaer sobre todos los responsables del delito”.
La imputación sostiene que “los funcionarios del Banco de la Nación Argentina conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentín, entre agosto y diciembre de 2019 habrían generado que las compañías Vicentín SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de U$S 304.328.665,75 –según reclamara el banco en el concurso preventivo de la primera firma señalada–, que hasta la actualidad continúa siendo de cobro incierto”.
“Para ello los funcionarios, apartándose de la normativa que regula su actividad, habrían omitido intimar a las empresas aludidas por la deuda que se hallaba vencida y era exigible desde el 8 de agosto de 2019, originada por préstamos concedidos en concepto de prefinanciación de exportaciones”, agrega la resolución.
Además, afirma que esta maniobra “implicó la omisión de retener desde aquel mes hasta diciembre del mismo año los importes depositados en las cuentas nro. 4280047390 en dólares y nro. 4280047287 en pesos –ambas radicadas en el BNA y de titularidad de Vicentin SAIC–, que habían sido constituidas como garantía de los empréstitos, y por las que entre agosto y diciembre de 2019 circularon U$S 795.651.945 y $ 2.031.118.902 respectivamente”.
“Los funcionarios habrían posibilitado entre el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019 que desde las dos cuentas mencionadas se liberaran un total de $ 43.449.104.966, al autorizar que dicha suma fuera progresivamente transferida a través de 125 operaciones a la cuenta corriente nro. 4282044266 –también radicada ante el BNA–, desde la que las empresas carecían de restricciones para operar y sobre la que el banco carecía de facultades para cobrarse”, apunta la decisión judicial.
Luego se otorgaron entre “el 8 de agosto y el 3 de diciembre de 2019” desde las dos cuentas mencionadas se liberaron un total de $ 43.449.104.966, a través de 125 operaciones. Sumado al “otorgamiento presuntamente irregular de veintiocho préstamos por un total de U$S 105.500.000, que fueron concedidos al Grupo Vicentin entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019”.
“Para ello los funcionarios habrían omitido considerar que el grupo empresario al 7 de noviembre de 2019 ya contaba con una deuda vencida y exigible de U$S 149.500.000, que se hallaba excedido en la normativa GERC del BCRA desde por lo menos el 31 de julio de 2019”, sentencia la resolución.
Las indagatorias comenzaron en noviembre y continuarán en marzo. Javier González Fraga presidente de la entidad entre 2017 y 2019 fue uno de los primeros en prestar declaración.
Fuente: DataClave
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