Este martes a las 9 de la mañana dio comienzo el juicio político contra el suspendido juez federal de Rosario, Gastón Salmain, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El proceso no solo definirá la destitución o permanencia del funcionario acusado de corrupción, sino que sienta un precedente institucional determinante para fortalecer la transparencia de la Justicia Federal y erradicar la impunidad vinculada al crimen organizado y las maniobras ilícitas.
El arranque del jury trajo consigo un revés clave para la estrategia defensiva del magistrado. Pocas horas antes del inicio de las audiencias, el organismo resolvió dejar sin efecto la citación del financista Fernando Whpei, testimonio que había sido convocado a pedido de la propia defensa de Salmain.
La resolución se sustentó en el estricto respeto de las garantías constitucionales. Whpei se encuentra procesado en la misma causa penal por la que se juzga a Salmain y afronta investigaciones en otros expedientes; además, el propio magistrado suspendido lo había denunciado penalmente con anterioridad. Al recibir la notificación, el financista hizo uso de su derecho de abstenerse de declarar y responder preguntas. Frente a este cuadro, el Jurado concluyó que obligarlo a testificar sobre hechos por los que está siendo investigado lesionaría el artículo 18 de la Constitución Nacional y tratados internacionales en materia de derechos y garantías. Esta postura coincidió con los cuestionamientos formulados oportunamente por la acusación, integrada por el senador Luis Juez, el juez Diego Barroetaveña y la abogada Jimena De la Torre en representación del Consejo de la Magistratura.
Las imputaciones contra Salmain revelan un entramado de corrupción sistémica. El juez se encuentra formalmente procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. La acusación sostiene que manipuló un expediente judicial entre septiembre de 2023 y abril de 2024 con el objeto de beneficiar a un fideicomiso y autorizar la transferencia de 10 millones de dólares hacia el exterior, maniobra que habría incluido el cobro de una coima de 200.000 dólares.
En esa causa, el propio Whpei declaró en calidad de arrepentido. La investigación salpica también a un lobbista judicial que habría actuado como intermediario y salpica las actuaciones del exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque. En su momento, la gravedad del caso derivó en la orden de detención contra Salmain, medida que no pudo efectivizarse debido a sus fueros parlamentarios y judiciales, lo que desembocó en la decisión unánime del Consejo de la Magistratura de suspenderlo y someterlo a juicio político.
A las graves sospechas de soborno se suma otra acusación de peso: la omisión deliberada de antecedentes en el currículum presentado al concursar por su cargo. De acuerdo con el expediente, Salmain ocultó haber sido exonerado del Poder Judicial en el año 2002 —cuando se desempeñaba en el fuero de la Seguridad Social— tras haber ofrecido una coima para alterar el resultado de un sorteo. Al ser confrontado sobre esta irregularidad, el magistrado argumentó que no mencionó dicho antecedente porque «no se lo habían preguntado» y por tratarse de un episodio «ocurrido muchos años atrás».
