La Cámara Argentina de la Construcción (CAC) encendió una nueva alarma al advertir sobre la caída de la actividad, la paralización de obras públicas y privadas y la falta de definiciones del Gobierno respecto de los contratos pendientes, un escenario que, según señalaron, configura una crisis sin precedentes en el sector y afecta a toda la economía
La Cámara Argentina de la Construcción (CAC) encendió una nueva alarma al advertir sobre la caída de la actividad, la paralización de obras públicas y privadas y la falta de definiciones del Gobierno respecto de los contratos pendientes, un escenario que, según señalaron, configura una crisis sin precedentes en el sector y afecta a toda la economía.
El pronunciamiento se dio en el marco del 146º Consejo Federal de la Cámara, realizado en Paraná, donde representantes de empresas constructoras de todo el país coincidieron en que el freno de la inversión pública y privada golpea directamente el entramado productivo, la provisión de servicios básicos y la competitividad de la economía nacional.
En un documento consensuado, la entidad sostuvo que la construcción no puede considerarse solo una actividad económica, sino que representa inclusión social, progreso y oportunidades para las comunidades. “Cada obra pública paralizada significa menos empleo, más incertidumbre para las economías regionales y un retroceso en la calidad de vida de los habitantes”, advirtieron.
Los empresarios también pusieron el foco en la “deuda de infraestructura” que arrastra la Argentina, reflejada en rutas deterioradas, puertos obsoletos, sistemas energéticos insuficientes y falencias en saneamiento básico como cloacas y agua potable. Este déficit, remarcaron, no solo eleva los costos y resta competitividad a las empresas locales, sino que también limita el crecimiento regional y compromete el futuro productivo del país.
Otro de los reclamos centrales apuntó a la falta de soluciones para los contratos frenados y las deudas acumuladas por el Estado con las constructoras por obras ya ejecutadas. En ese sentido, la CAC subrayó que la infraestructura social —viviendas, hospitales y escuelas— es clave para garantizar derechos y dinamizar la economía, y exigió que el Gobierno nacional honre los compromisos asumidos.
Como salida a la crisis, la Cámara propuso implementar un plan federal de infraestructura con horizonte de 20 años, que contemple la reactivación de obras avanzadas, el reconocimiento de la deuda con el sector, nuevos esquemas mixtos de financiamiento y estímulos concretos al crédito hipotecario y al desarrollo inmobiliario.
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