Un grave hecho se registró a primera hora de este viernes en el edificio de los Tribunales Provinciales de San Lorenzo. Una pareja de comerciantes radicada en Capitán Bermúdez se presentó en la sede judicial de calle San Lorenzo para comparecer en una audiencia del fuero laboral. El trámite derivó en un operativo policial cuando el sistema de control de ingreso detectó que llevaban armas entre sus efectos personales.
Según publicó el sitio SL24, Al ingresar por el hall principal, el personal policial de guardia solicitó el paso de los bultos por el escáner de rayos X. Apenas la mochila de los comparecientes atravesó el túnel de inspección, los sensores de seguridad dispararon la alarma. En la pantalla del monitor, los uniformados observaron la silueta de material de fuego. Al abrir la mochila constataron la presencia de dos pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros marca Bersa TPR9, las cuales contaban con sus cargadores colocados con municiones, montadas y amartilladas.
Intervención de la fiscalía
Los efectivos de guardia, siempre según SL24, redujeron al hombre de 44 años y a la mujer de 39, cerraron los accesos y dieron intervención a la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Melisa Serena. La funcionaria judicial ordenó el secuestro de las pistolas y la aprehensión de ambos comerciantes. La abogada particular que acompañaba a la pareja para representarla en el litigio laboral quedó demorada hasta que los investigadores verificaron su ajenidad respecto al traslado del armamento.
Por disposición de la fiscalía, los sospechosos fueron imputados por las figuras penales de portación ilegítima de arma de fuego de guerra y abuso de arma, disponiéndose su encierro en dependencias policiales. El comerciante fue trasladado a los calabozos de la Alcaidía Mayor de la Unidad Regional XVII en San Lorenzo, mientras que su pareja fue remitida a la Seccional 5ª de la ciudad de Rosario.
Libertad condicional bajo reglas de conducta
Con el correr de las horas se llevó adelante la audiencia imputativa en la sede judicial ante el fiscal Carlos Ortigoza. En dicha instancia procesal, las partes arribaron a un acuerdo cautelar que permitió a los dos acusados recuperar la libertad condicional mientras avanza la instrucción penal preparatoria, publicó el portal web regional mencionado.
Para conservar dicho beneficio, el tribunal les impuso una serie de obligaciones: fijar domicilio procesal, someterse a las citaciones de la fiscalía y acreditar la realización y aprobación de un curso oficial dictado por la Anmac sobre régimen legal de armamento, tenencia responsable y consecuencias penales de la portación en espacios públicos.
