La mayoría de estos drenajes están ubicados en áreas rurales del este y del sudeste provincial, cercanas a Santa Fe. Los operativos ocurrieron días después de fuertes declaraciones del gobernador Lifschitz sobre responsabilidades del vecino distrito
El debate sobre cómo incide la actividad productiva rural en las inundaciones, en particular los cruces ocurridos entre la provincia de Santa Fe y la vecina de Córdoba, empieza a corporizarse con números: en el último año y medio, la Policía Ambiental del distrito mediterráneo detectó unas 650 obras hídricas clandestinas. Son las conocidas como canales ilegales, por los cuales los productores desalojan el agua de campos que ya no la absorben como antes a causa de un modelo de explotación agrícola con poca rotación de cultivos y reducción de pastizales que impermeabiliza los terrenos. De hecho, la mayoría de estos drenajes están ubicados en áreas rurales del este y del sudeste provincial, cercanas a Santa Fe.
De acuerdo a lo que publicó el diario cordobés La Voz, además de canales de desagüe de campos se puso en evidencia el desvío de cauces hídricos, terraplenes y hasta “pinchaduras” de lagunas.
“Algunas están desde hace 20 años o más, pero la mayoría son recientes y fueron hechas a partir de las inundaciones de 2015”, precisó Adrián Rinaudo, director del organismo encargado del control y la fiscalización en materia hídrica y ambiental de Córdoba, que depende del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
En uno de los operativos, realizado en la estancia La Escondida, a 344 kilómetros al sur de la capital provincial y a unos 100 de la ciudad santafesina de Rufino, se encontró in fraganti a operadores de maquinaria vial realizando “obras ilegales para modificar escurrimientos naturales y direccionar los excedentes hídricos hacia los caminos rurales, haciéndolos intransitables”, según consta en el acta de infracción labrada. La retroexcavadora, una pala frontal y otros elementos utilizados en los trabajos ilícitos fueron secuestrados por la Policía de Córdoba.
La intervención estatal cordobesa ocurrió días después de que el gobernador Miguel Lifschitz responsabilizara en parte por los anegamientos santafesinos a Córdoba por drenar el agua de sus campos “a través de canales ilegales en zonas rurales” y a la escasa infraestructura mediterránea para evacuar el excedente.
Policía Ambiental también detectó infracciones en campos comprendidos en los departamentos San Justo, General San Martín, Marcos Juárez, General Roca y Unión.
Tras los operativos, un centenar de infractores asumieron la responsabilidad por las transgresiones, abonaron las multas o solicitaron planes de pagos en cuotas
Lo que sigue son las tareas de remediación, que se iniciaron en la cuenca del arroyo Tortugas (que desagua en el río Ctalamochita o Tercero) y en la del río Segundo, un triángulo con vértice superior en las Sierras Grandes y base en el límite con Santa Fe. Lo que se busca es frenar el caudal en el tramo inferior del curso.
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