En Córdoba piden renuncias

El radicalismo de Córdoba reclamó ayer al gobernador de esa provincia, José Manuel De la Sota, que “no haga una defensa corporativa de los policías investigados” por presunta vinculación con el narcotráfico, mientras que Unidos y Organizados y el senador Luis Juez pidieron la renuncia del ministro de Seguridad provincial, Alejo Paredes, y del jefe de Policía, Ramón Frías.

Luego de la detención del jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba, Rafael Sosa, y de otros cuatro efectivos policiales en el marco de la investigación, De la Sota convocó a los medios en el Centro Cívico para informar sobre las distintas medidas de asistencia a los damnificados por los incendios (ver página 12), pero evitó referirse al caso.

Al respecto, el jefe de Gabinete del gobierno de Córdoba, Oscar González, sugirió “dejar que la Justicia actúe, esperar los resultados y obrar en consecuencia”, al referirse a los pedidos de renuncia del ministro de Seguridad y el jefe de Policía planteados por distintos sectores a raíz de las investigaciones que involucran a integrantes de la fuerza con el narcotráfico.

Otra “narco provincia”

Tras conocerse la investigación y la detención de los policías, el senador cordobés Luis Juez opinó que “el tema es muy grave” y fustigó: “Se está formando una narco provincia, con un nivel de instalación de la droga en cada rincón de Córdoba, con vinculaciones con el poder político”.

Para Juez, hay “pruebas contundentes sobre las vinculaciones del narcotráfico con la conducción de la policía de Córdoba y el poder político” que, añadió, “son insoslayables”.

“El gobierno de Córdoba, lejos de tomar el tema con lo delicado, importante y serio que es, mandó al jefe de la bancada del PJ a decir que es una maniobra del gobierno nacional. Un papelón”, aseguró Juez, enfrentado al delasotismo.

Según afirmó el senador cordobés, “se quiere instalar que el gobierno nacional tiene vocación de intervenir Córdoba, pero es todo una charada del gobernador De la Sota para esconder el tema”.

“Defensa corporativa”

Por su parte, el titular del Comité Central de la UCR de Córdoba, Alberto Giménez, pidió que desde el gobierno de Córdoba “no hagan una defensa corporativa de los policías investigados” y consideró que estos hechos “ponen en riesgo la credibilidad democrática”.

En tanto, el legislador radical Rodrigo de Loredo sostuvo que “lo acontecido constituye un hecho de gravedad que no registra antecedentes en la historia institucional de la provincia, y en especial en la historia de la fuerza policial”.

“Quieren entorpecer”

En tanto, la agrupación política y social Unidos y Organizados remarcó que “la Justicia Federal debe actuar con absoluta independencia sin las interferencias groseramente expuestas por policías de alto rango y dirigentes oficialistas”.

“La falta de respeto hacia la Justicia, puesto de manifiesto nuevamente  por autoridades y legisladores oficialistas, tras los allanamientos y detenciones dispuestas es el punto máximo al que ha llegado el gobierno de De la Sota, que sólo apela a entorpecer las investigaciones ante las sospechas de gravísimos delitos cometidos por funcionarios públicos y su connivencia con el narcotráfico”, agregan en un comunicado.

La palabra del fiscal

Respecto a la acusación que realizó el delasotismo sobre la veracidad de la investigación, el fiscal de la causa, Enrique Senestrari, se defendió al manifestar que no sabía si el gobierno pretendía señalarlo, pero aclaró: “No tengo filiación política y los que dicen eso tienen que ver las pruebas que hay en el caso, y verán que no hay ninguna «operación»”.

Asimismo, el fiscal cordobés, apoyado por la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, reveló que en el allanamiento a la Jefatura de Policía cordobesa se secuestraron bolsas de droga sin declarar y armas limadas.

Senestrari explicó que “esta droga encontrada sin declarar” en poder de los policías investigados “podría ser usada eventualmente para ser plantada en algún procedimiento e involucrar de esta manera a personas inocentes”.

El caso

Los detenidos son el ex jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, comisario mayor Rafael Sosa; el comisario Alfredo Saine; el oficial inspector Franco Argüello; el sargento Fabián César Peralta Dáttoli y el suboficial Mario Osorio.

La presunta vinculación de policías cordobeses con el negocio del narcotráfico se conoció la semana pasada por intermedio del testimonio del “colaborador encubierto” policial, Juan Francisco Viarnes.