“En el tema de la seguridad tenemos que comprometernos”

Ruben Galassi, presidente del bloque socialista en la Cámara baja santafesina, respaldo la decisión del gobernador Miguel Lifschtiz para que los legisladores legisladores provinciales opinen sobre los comisarios que fueron seleccionados para ocupar los máximos cargos en la Policía de Santa Fe.

En declaraciones  a la prensa, Galassi se confirmó a favor de que los nuevos jefes policiales cuenten con aval legislativo a la vez que cuestionó a la Nación por su falta de políticas públicas concretas para combatir el narcotráfico.

En un comunicado de prensa expresaron que el legislador socialista calificó como «muy positiva» la autolimitación que se impuso por decreto el gobernador para la elección del jefe de Policía, Luis Bruschi, y del subjefe José Luis Amaya. «Sin resignar del todo esa facultad, porque en definitiva es el primer mandatario el que designa al jefe de la Policía, lo que hizo fue enviar los pliegos con todos los antecedentes de los propuestos a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura (integrada por ocho diputados y cuatro senadores) para que emitan una opinión», explicó Galassi.

El funcionario destacó que «en caso de que haya una observación» sobre Bruschi y/o Amaya «el Poder Ejecutivo la puede considerar y remitir otros nombres si las opiniones (negativas) son de tal contundencia que sea conveniente no designar a estos jefes o eventualmente contestarlas si no tienen mayores fundamentos». El decreto Nº 507, firmado por el gobernador, establece que la Comisión de Acuerdos de la Legislatura tendrá 10 días corridos para que formule las observaciones que estime necesarias.

«Comprometer al Poder Legislativo en un tema tan importante como la seguridad pública, porque estamos hablando del jefe de Policía, es un paso trascendente que nosotros valoramos y que tiene que ver con un planteo que había hecho el gobernador en la campaña», agregó Rubén Galassi.

Además indicó que si los diputados y senadores no encuentran objeciones fundadas en contra de Bruschi y Amaya, el primer mandatario santafesino tendrá «hasta un mayor respaldo» a la hora de designar a los jefes policiales. «Creo que en el tema de la seguridad todos tenemos que comprometernos; obviamente legislar en ese sentido, pero también en este caso, que se trata de formular una mirada. Y también entiendo que para la ciudadanía tener un espacio legislativo en donde eventualmente hacer llegar una inquietud, es positivo», explicó.

Con respecto al cuestionamiento que realizó con Nación, Galassi recordó que tanto el narcotráfico como el narcomenudeo son delitos federales y si bien la Policía de Santa Fe puede ayudar a desmantelar organizaciones, es la Nación la que debe definir una política eficaz sobre la materia. «Quiero remarcar que lo peor que podemos hacer es echarnos culpas. El delito no distingue entre UCR, PJ, independiente, PS, el delito castiga a todos», remarcó el diputado, y solicitó «aunar esfuerzos y trabajar seriamente en un plan que tiene que venir de la Nación».

«Espero que en la próxima reunión de Consejo de Seguridad Interior (que preside la ministra de Seguridad Patricia Bullrich), en vez de estar tan preocupados por un protocolo para  ponerle freno a una protesta social, se preocupen por un protocolo para combatir el crimen organizado», sentenció el legislador del Frente Progresista. Así y todo, dijo que «en buena hora» se resolvió formar un «comando conjunto» entre la Nación y la provincia para actuar de manera más eficiente y sin que cada uno trabaje por su lado.

Por último, indicaron desde el comunicado, al consultarlo sobre las críticas que el ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sobre las muchas excarcelaciones que otorgan los jueces a reincidente en el delito, Galassi concluyó: «A veces el riesgo procesal es evidente, y ser muy considerado en las excarcelaciones cuando se conocen los antecedentes de las personas es no medir las verdaderas consecuencias. No hay que ser tan apegado a la letra teórica, y tener una mirada más concreta sobre las consecuencias de determinadas medidas judiciales. Hay que ser más estrictos en el análisis profundo de las personas a las que se les otorgan estas medidas».