Miles de personas marchaban este domingo hacia el palacio presidencial de Santo Domingo, en República Dominicana, con el color verde como emblema, para exigir acciones judiciales por el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebecht a funcionarios de ese país entre 2001 y 2014.
«A la cárcel los corruptos» y «paremos la impunidad» eran las consignas reinantes en la caminata en la capital dominicana, que pedía la devolución al Estado del dinero que Odebrecht admitió haber pagado en sobornos para obtener contratos de obras públicas.
El gigante brasileño se comprometió a pagar 184 millones de dólares a República Dominicana, el doble de lo que admitió haber repartido para ganar licitaciones para construir infraestructura vial, hídrica y de generación eléctrica, informó el viernes la Procuraduría.
La constructora brasileña reconoció a su vez haber pagado en la Argentina coimas por 35 millones de dólares entre los años 2007 a 2014, en el marco de un paquete que involucró a Brasil, Angola, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, Venezuela y la República Dominicana donde ahora se suceden las protestas.
Según el documento que distribuyó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con esos pagos la compañía obtuvo en el mundo contratos por 12 mil millones de dólares entre 2001 y 2016, mientras que en la Argentina las coimas le reportaron obras por 278 millones de dólares.
El escándalo no sólo se circunscribe al pasado, y a las administraciones nacionales kirchneristas (o a las porteñas del PRO). El presidente Mauricio Macri tuvo que salir a defender a su amigo, el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, denunciado en una nota del diario La Nación por recibir 600 mil dólares de Leonardo Meirelles, un cambista brasileño condenado en su país por el pago de coimas. Macri repitió la versión difundida por Arribas y negó que el representante de jugadores de fútbol tuviera vinculación alguna con la empresa Odebrecht, centro del complejo entramado de corrupción investigado en la causa Lava Jato. “No entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht”, afirmó el presidente, quien adelantó que “el día 23” (por este lunes) el director de la AFI presentaría documentación.
«Es muy importante que sean ubicados y presentados los implicados en sobornos, tanto los distribuidores como los beneficiarios, que se les someta a juicio», reclamó también el dirigente empresarial Antonio Taveras Guzmán en un comunicado.
La céntrica intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero constituyó el punto de encuentro de la marcha Fin de la impunidad, que terminará tras tres kilómetros en el Palacio Nacional, donde los concurrentes realizarán una «parada cívica».
«El pueblo decidió, de manera organizada y tranquila, recuperar la dignidad ciudadana, el respeto a los derechos. El pueblo decidió el fin de la impunidad», declaró a la prensa, entre la multitud, la educadora y activista feminista Mary Cantisano.
Los manifestantes decidieron teñir la marcha de verde con la idea de que no se impusieran los colores que identifican a partidos políticos.
Aunque el caso de Odebrecht fue el detonante para la convocatoria, los organizadores citaron también otros casos de supuesta corrupción que, o no han ido a la Justicia, o se pierden en largos procesos en tribunales.
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