Entre impugnaciones y controversias, discuten pliegos de 79 jueces, fiscales y jueces comunitarios

En la Legislatura de Santa Fe se llevará adelante este jueves una Asamblea Legislativa para aprobar los pliegos de jueces, fiscales y jueces comunitarios. Casi 80 cargos para el Poder Judicial. Algunos de ellos, judicializados e impugnados, como en el caso del fiscal adjunto de Rosario Matías Edery.

Los 79 pliegos que serán tratados para cargos judiciales se dividen en 36 jueces comunitarios, 14 fiscales titulares, cinco fiscales adjuntos, 18 jueces penales, tres jueces de Familia, un juez de Menores para Rafaela, un juez Civil y Comercial, y un juez Laboral. A estos cargos se suman dos puestos ejecutivos para el Enress (Ente Regulador de Servicios Sanitarios) y un integrante del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe.

Hay tres concursos judicializados para jueces comunitarios. Uno en Santa Teresa, otro en Empalme Villa Constitución y un tercero en Fighiera. «Da asco la trama de acuerdos para sostener tamaño fraude a los concursantes. El Consejo de la Magistratura no contestó las impugnaciones, la Comisión de Acuerdos no citó a los impugnantes. Se judicializa porque violentan derechos básicos de los postulantes», disparó el diputado radical Fabián Palo Oliver en ese sentido.

La semana pasada, la jueza Agueda Orsaria, de Villa Constitución, ordenó «la suspensión inmediata» de la elección y designación del juez comunitario de Santa Teresa, a partir de una medida cautelar presentada por un abogado que figuraba en primer lugar en el orden de mérito para dicho cargo. Denunciaron que en el pliego remitido por el gobierno de Santa Fe a la Legislatura «aparece desplazado» por la profesional que obtuvo el segundo lugar durante la primera etapa del concurso.

Entre los 14 pliegos para el cargo de fiscal titular aparece el nombre de Edery, actual fiscal adjunto y uno de los investigadores del MPA que junto a Luis Schiappa Pietra procuró infructuosamente imputar al senador Armando Traferri en la causa de juego clandestino en la provincia de Santa Fe.

El pasado 27 de octubre ingresó a la Cámara de Senadores de Santa Fe una denuncia contra Edery, además de un pedido de impugnación de su postulación como fiscal titular del Ministerio Público de la Acusación. Dicha presentación fue realizada por Ernesto Andriozzi, ex jefe de la Policía en la Unidad Regional XVII de San Lorenzo.

La presentación de Andriozzi, comisario mayor retirado, se basa en las evidencias recogidas en la investigación que realizó la Auditoría General del MPA; el ex jefe policial de San Lorenzo asegura que Edery era parte de la «pata judicial» del grupo de espionaje ilegal, siempre según la denuncia.

«La operación política montada por el senador Armando Traferri y sus aliados políticos y judiciales es asquerosa. Quieren correr a un valiente fiscal como Edery porque incomodan sus investigaciones», fustigó Palo Oliver. En esa misma sintonía se expresó el diputado Carlos Del Frade, del Frente Social y Popular.

“En esa rosca política no sólo está Traferri, sino también todos los senadores que fueron denunciados por (el exconcejal rosarino Jorge) Boasso por el uso discrecional de subsidios. A ese caso lo cerró (el ex fiscal regional de Rosario, Patricio) Serjal como hombre de Traferri al servicio de los otros senadores”, acusó Del Frade.

Según interpreta parte de la oposición, para comprometer el tratamiento del pliego de Edery, pero también en la previa de las imputaciones por el caso de presunto espionaje ilegal, en las últimas horas trascendió un nuevo audio del ex ministro Marcelo Sain, que dataría del pasado 24 de marzo, es decir seis días después de su renuncia al frente del Ministerio de Seguridad, en el cual le pediría al propio fiscal y a su colega Luis Schiappa Pietra que se pongan a trabajar en el armado de la causa por juego clandestino.

En el audio enviado por Sain a Edery y Schiappa Pietra, el entonces jefe del Organismo de Investigaciones del MPA remitiría al contenido del fallo de la jueza Eleonora Verón, al rechazar el planteo de los fiscales de inconstitucionalidad del artículo 51 de la Constitución Provincial y el 27 del Código Procesal Penal, que se publicó oficialmente el 23 de marzo pasado.

«Por lo que me comentaron de la parte final de lo que dijo Verón, me parece que ha hecho una lectura lineal de la Constitución. No está mal lo que dijo, más allá de los argumentos de ustedes. Lo que sí le dijo a ustedes (por los fiscales) es que sigan investigando. Que profundicen la investigación. Yo les reitero algo, entre diciembre a estos días, pese a todo lo que tienen con relación a la estructura de lavado de dinero de (el empresario Leonardo) Peiti y la mujer de Peiti, no se produjo nada públicamente hablando. Para la política y para la prensa, no hay más», cuestionó Sain.

«Yo creo que ustedes deberían revisar la estrategia y la construcción del caso. Con franqueza, lo digo de compañero. Yo ya estoy afuera del cargo y ustedes manejan los tiempos de fiscales. Yo les hago la lectura desde la política. Y particularmente cómo Traferri y compañía, incluyendo a sus socios socialistas y radicales, usan ese vacío público en contra de todos nosotros. Deberían revisar eso. Porque si ustedes pretenden descubrir quién mató a Kennedy, van a tener un problema. Y lo vamos a tener todos al problema. Se los digo con franqueza», expresó Sain en el audio.

En medio de un clima turbulento entre oficialismo y oposición se tratarán los 79 pliegos para jueces comunales, fiscales y jueces. El miércoles de la semana pasada, Oliver señalaba: «En la reunión con la ministra Celia Arena y el secretario de Justicia Gabriel Somaglia ratificamos que el concurso está viciado. Confirmamos que el único criterio tenido en cuenta es el acomodo y el abuso en el uso del poder. Se consolida la hipocresía y los privilegios».