Martín tiene un linfoma y es trasplantado hepático. Acusa que su tratamiento sufrió retrasos por autorizaciones pendientes, cambios de centros médicos y falta de respuestas
Martín Truffa tiene 48 años y enfrenta un tratamiento contra el cáncer, mientras lidia con una constante en su rutina: la espera por autorizaciones médicas. Cada estudio, medicación o práctica depende de trámites que, según relató, demoran meses.
Truffa trabaja en una empresa constructora y es padre de tres hijos. Afiliado a la obra social Ospat desde 2011, ya había tenido experiencias difíciles con el sistema de salud: en 2021 recibió un trasplante de hígado que requirió gestiones especiales, ya que su obra social no tenía convenios con los centros que realizan ese tipo de cirugías.
“Firmamos un acuerdo para que la operación se realizara en el Hospital Privado de Rosario. Incluso después, tuve que recurrir a la Superintendencia de Salud para conseguir la medicación necesaria para el tratamiento posterior, que debo sostener de por vida”, recordó.
El año pasado, una dureza en el cuello derivó en nuevos estudios que confirmaron linfoma no Hodgkin. Desde entonces, inició un esquema de quimioterapia con aplicaciones semanales.
Su tratamiento comenzó en el Hospital Italiano, pero cuando esa primera etapa no dio los resultados esperados y necesitó una nueva internación, le informaron que ya no contaba con cobertura en ese centro. A partir de allí, comenzó un recorrido por distintas instituciones: Instituto de Cirugía de Rosario (ICR), Sanatorio Plaza y Sanatorio Laprida.
Cada traslado implicó nuevos trámites administrativos y largos tiempos de espera. “Cuando estás en quimioterapia necesitás continuidad. Adaptarte a un equipo médico y después tener que empezar de nuevo en otro lugar es muy difícil”, explicó.
Los ciclos de quimioterapia deben aplicarse cada 21 días. Sin embargo, una medicación solicitada el 28 de enero continuaba figurando como “pendiente” en el sistema digital de la obra social. Según Truffa, la aplicación indicaba que la cobertura sería otorgada, pero aún no se había asignado la droguería encargada de proveer el medicamento.
“Si no está la medicación, no hay quimioterapia. Y en estos tratamientos los tiempos son fundamentales”, señaló.
Además, tuvo que afrontar gastos inesperados. En varias ocasiones, debió pagar análisis o estudios de su bolsillo debido a rechazos administrativos por diferencias en los códigos de las órdenes médicas. Incluso pagó un coseguro de 90 mil pesos por una tomografía que luego fue autorizada tras insistir varias veces.
Truffa también denunció dificultades para comunicarse con la obra social: las llamadas telefónicas tienen largos tiempos de espera y muchas veces sólo permiten registrar reclamos sin soluciones inmediatas.
La implementación reciente de un sistema digital que reemplazó el envío de órdenes médicas por correo electrónico generó nuevas demoras. Según él, cargar recetas y estudios en la aplicación no agilizó los trámites. Además, el cierre de la sede local de Ospat complicó aún más la atención presencial.
Para Truffa, lo más crítico es que los ciclos de quimioterapia no se interrumpan. “Si los tiempos se corren demasiado, las cosas se pueden complicar”, advirtió.
Tras años como afiliado, nunca imaginó atravesar una situación así: “Cuando no necesitás usar la obra social, todo parece funcionar. Pero cuando dependés de ella para tratar una enfermedad grave, cada demora pesa mucho más”, reflexionó.
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