Categorías: Sociedad

Era fija: primero los diques, después el fuego, y ahora las máquinas rurales llegan al Delta

Fotografías tomadas este martes 15 dan cuenta de la presencia de infraestructura típica para la producción agrícola en una zona de 4 mil hectáreas de las islas de las Lechiguanas, frente a la ciudad de Ramallo. Para los ambientalistas locales, es la fase siguiente de la pandemia de destrucción

Pamperización y muerte. Después de las quemas que devastaron inmensas áreas de vegetación nativa del Humedal y provocado la muerte de mamíferos, aves, reptiles, insectos (entre ellos cientos y cientos de colmenas de productores de miel y derivados en el Alto Delta) apareció la imagen que da la razón a las denuncias de ambientalistas y desmiente a sociedades ligadas al ruralismo y al intendente de Victoria, Domingo Maiocco, él mismo productor rural. Aunque está fuera de su jurisdicción –la zona pertenece a Gualeguay y es el Delta Medio– fotos de máquinas agrícolas y viales en un predio endicado de forma dudosamente legal y quemado por el fuego dan cuenta de la secuencia, una avanzada terraformadora sobre espacios que tienen un protocolo específico de protección, el Piecas DP, algunos de los cuales incluso tienen resguardo a nivel mundial como sitios Ramsar. Y confiere, además, más credibilidad a los peores temores de las organizaciones ambientalistas; que las quemas no fueron accidentes ni descuidos ni efectos naturales de la sequía y la bajante extraordinaria del Paraná, sino operaciones intencionales para imponer un corrimiento de la frontera agrícola sobre el Alto Delta y el Delta Medio.

Una denuncia en la red social Twitter da cuenta de la presencia de tractores y otra maquinaria pesada esta semana en las islas de las Lechiguanas, un archipiélago que se extiende en jurisdicción de Entre Ríos, frente a la ciudad de Villa Constitución en su extremo norte hasta un vasto territorio frente a la provincia de Buenos Aires. La fotografías se tomaron este martes 15 en la zona de la intersección de los ríos Sacacalzones y Lechiguanas, frente a la ciudad bonaerense de Ramallo, sobre un endicamiento que abarca a unas 4 mil hectáreas, y que según los registros de investigadores fue construido en 2013. Así consta a miembros del Conicet de la Universidad Nacional de San Martín que están siguiendo el caso. Para quienes están atentos al transcurrir e hicieron el relevamiento, no hay muchas dudas: “En las fotos del día 15/09/2020 se observa maquinaria agrícola dentro del endicamiento, presumiblemente con la intención de preparar el suelo para sembrar grano”.

La denuncia que llegó desde la provincia de Buenos Aires fue de inmediato replicada por las organizaciones ambientalistas locales, que en estos momento están acatando la disposición que –al menos en la teoría– es para evitar contagios de covid-19, emitida por la Municipalidad de Victoria y que restringe la circulación y los cruces del río. “Oh, casualidad”, marcaron organizaciones como el Paraná No Se Toca y la joven y reciente Multisectorial por los Humedales, la nueva ONG que explotó de voluntarios. Tanto para las organizaciones más nóveles como para otras de más larga trayectoria, como el Taller Ecologista, la situación que ya se verificó frente al territorio bonaerense no tardará en replicarse frente a las costas locales.

Para las ONG santafesinas, tampoco es casualidad que la “polderización”, como llaman en los Países Bajos a las operaciones para ganarle tierra al mar, haya arrancado por allí: “Si el departamento de Victoria es un desastre, en las Lechiguanas es peor”, lamentaron.

Anoticiadas de la situación, las organizaciones locales difundieron la noticia y las imágenes y se preparan para nuevas acciones que sostengan su reclamo por la ley de Humedales, para poner freno al avance de cualquier producción intensiva sobre el Humedal, y para renovar sus reclamos al gobierno santafesino, a la Municipalidad de Rosario y a la administración nacional.

Como parte de las acciones, la Multisectorial convocó días atrás a una jornada cultural en la plaza San Martín, frente a la sede de Gobernación, para presionar por más acciones del Estado para frenar la destrucción de un ecosistema clave para la supervivencia de cientos de especies y no para enriquecimiento de un puñado de especuladores humanos.

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