La medida paraliza el tránsito de buques en el Gran Rosario y los principales nodos portuarios del país. Los gremios rechazan la desregulación total dictada por el Decreto 690/2026, mientras el Ejecutivo amenaza con acciones penales e intima de forma individual a los profesionales a prestar servicio.
El comercio exterior argentino e ingresó en una fase de máxima parálisis e incertidumbre operativa. Tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 690/2026 —firmado por el Presidente Javier Milei y los ministros Federico Sturzenegger y Alejandra Monteoliva—, los prácticos, pilotos y baqueanos decretaron un lock-out operativo por tiempo indeterminado, bloqueando el ingreso, amarre y zarpada de buques comerciales en la Vía Navegable Troncal y en las terminales del Cordón Industrial santafesino.
La norma oficial deroga el histórico Decreto 2694/91 y propone una reestructuración profunda del sector: elimina los cupos de inscripción en la Prefectura Naval Argentina (PNA), autoriza a armadores a contratar profesionales independientes, establece topes tarifarios obligatorios fijados por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y exime de la obligación de contratar prácticos a aquellos capitanes (nacionales o extranjeros) que demuestren conocimiento de la zona.
Ante el freno de las actividades en los accesos a los puertos agroexportadores de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes, la reacción del Poder Ejecutivo no se hizo esperar. A través de un operativo conjunto entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desregulación, efectivos de la Prefectura Naval Argentina se presentaron de manera presencial ante los profesionales para notificar e intimar en mano la reanudación inmediata de las tareas.
Fundamentados en la Ley de Navegación N° 20.094, que califica al practicaje como un servicio público esencial para la seguridad de la navegación, desde la Casa Rosada advirtieron que el cese concertado del servicio configura un incumplimiento de las habilitaciones otorgadas. En las cédulas entregadas se señala que la persistencia en la medida podrá ser encuadrada en los artículos del Código Penal referidos a la interrupción de los medios de transporte y vías navegables, además de dar inicio a sumarios administrativos para la suspensión o cancelación definitiva de sus matrículas.
Por su parte, las organizaciones que agrupan a prácticos, baqueanos y capitanes rechazaron la desregulación argumentando que el decreto compromete gravemente los estándares de seguridad náutica en el río Paraná, fomenta la precarización laboral y abre la puerta a un esquema desleal en perjuicio de la mano de obra nacional. Los gremios ultimaban la presentación de recursos de inconstitucionalidad y medidas cautelares ante la Justicia Federal para frenar la aplicación del decreto.
A esta contienda se sumaron las duras críticas de otros actores del sector, como el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, que alertaron sobre el paquete legislativo más amplio que pretende modificar la Ley de Cabotaje Nacional, calificando las reformas como un ataque directo a la Marina Mercante y a la soberanía logística del país.
Frente a la parálisis en los embarques y la acumulación de buques en rada, el Gobierno nacional ratificó que no cederá a las presiones corporativas y dejó abierta la puerta para activar los mecanismos de emergencia contemplados en los artículos 5 y 6 del Decreto 690/2026. Dichas cláusulas facultan a la Prefectura Naval y a la Armada Argentina a asumir en forma directa la prestación de los servicios de practicaje o a autorizar temporalmente a capitanes habilitados de contingencia para reabrir los canales de navegación.
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