Escándalo en el Pami: un intendente radical presentó una denuncia penal por desmanejos en la obra social de los jubilados

El intendente de General Madariaga, Esteban Santoro, denunció penalmente a las autoridades del Pami por el traslado compulsivo de afiliados del Hospital Municipal al Instituto Médico Madariaguense.

La denuncia fue realizada el pasado 19 de mayo, pero este viernes el jefe comunal radical viajó a Caba para mantener una reunión con Javier Arzubi Calvo, funcionario responsable de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-PAMI).

Junto a Santoro viajaron el secretario de Salud, Amadeo Echeverría, el responsable de Facturación del Hospital, Gonzalo Costa, y el asesor legal externo, Leandro Alonso.

Durante el encuentro, los funcionarios explicaron los alcances de las irregularidades denunciadas por el municipio. En el escrito se advierte sobre el mal desempeño de la prestadora Pami hacia los afiliados del distrito desde el año 2021, trasladando la atención de los adultos mayores del hospital público a una clínica privada de manera arbitraria, injustificada y sin previo aviso, lo que no solo perjudica las finanzas municipales, sino sobre todo la salud de los abuelos.

“Esto se evidencia por el aumento porcentual de internación en nuestro hospital, aun cuando se tiene menos de una tercera parte de la cápita total”, remarcaron.

Un primer antecedente de este traspaso compulsivo ocurrió en 2021, y según el municipio se repitió en diciembre de 2024 y en abril de 2025, “arremetiendo nuevamente el INSSJP contra la voluntad de los Afiliados Pami de General Madariaga y su derecho básico de elegir, principio elemental de la libertad ciudadana”.

La denuncia indica que más de 3.000 cápitas fueron transferidas del hospital público al Instituto Médico Madariaguense. Desde el municipio remarcaron que los afiliados “prefieren mayoritariamente su hospital”, y cada vez que ocurrieron estas maniobras, presentaron notas, realizaron largos trámites burocráticos y colas interminables para volver a capitar en la dependencia municipal.

Además, el escrito judicial denuncia que los pacientes trasladados al prestador privado son, en su mayoría, personas sin problemas de salud graves, mientras que aquellos con mayor complejidad permanecen bajo la órbita del hospital municipal, lo que revela una posible selección arbitraria para beneficiar económicamente a la clínica privada.

“Lo llamativo de tal accionar es que los afiliados que requieren mayor complejidad de atención permanecen en la cápita del municipio, mientras que los de atención simple están en la clínica privada, lo que sugiere una posible asociación ilícita entre funcionarios de PAMI y el prestador privado”, advirtieron.

General Madariaga es el primer municipio que acciona judicialmente ante maniobras de este tipo contra la prestadora Pami.