La Cámara investiga los juzgados 3 y 4 a cargo de los jueces Carlos Vera Barros y Marcelo Bailaque
El paso al sistema acusatorio dejó al descubierto una brecha de hasta 8 mil expedientes entre las cifras del Poder Judicial y las de la Fiscalía. La Cámara tomó cartas en el asunto y mandó a revisar los juzgados que estuvieron al mando de los jueces Vera Barros y Bailaque.
La transición hacia el Sistema Penal Acusatorio en Rosario sigue sacando a la luz los rincones más oscuros de la Justicia Federal local. A través de una acordada firmada por su presidente, Aníbal Pineda, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó una auditoría integral sobre los Juzgados Federales N° 3 —a cargo de Carlos Vera Barros— y N° 4, conducido hasta su jubilación por Marcelo Bailaque, hoy bajo prisión domiciliaria procesado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La decisión institucional llegó tras detectarse un desfasaje alarmante: mientras el sistema informático del Poder Judicial (Lex 100) registra cerca de 8.000 causas del viejo sistema inquisitivo sin terminar, el Ministerio Público Fiscal (MPF) detectó un paquete de 1.180 expedientes específicos —ingresados desde 2020 o 2021— que durmieron en los cajones de los juzgados sin movimiento alguno y recién ahora comenzaron a ser derivados en masa a las fiscalías.
Para esclarecer el origen de los números «fantasma» y el destino de los legajos frenados, la alzada fijó un esquema de actuación inmediato:
Emplazamiento de 48 horas: Los secretarios de ambos juzgados deberán fundamentar la metodología con la que confeccionaron sus planillas estadísticas y readecuar sus criterios a las directivas de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura.
Cotejo uno por uno: Cumplido el plazo, la Cámara cruzará la información contable con la nómina de las 1.180 causas aportadas por el MPF para auditar expediente por expediente.
Los investigadores del fuero apuntan a dos hipótesis bien diferenciadas. La primera remite a la «inflación estadística»: el mantenimiento artificial de causas ya cerradas para abultar el volumen de trabajo y evitar que el Consejo de la Magistratura le reasigne personal hacia otros fueros.
La segunda pista es sustancialmente más grave. Apunta al «cajoneo» deliberado de denuncias que jamás se notificaron a los fiscales ni sumaron un solo decreto de trámite. En el trasfondo aparece la sombra de Bailaque, procesado por extorsión, cohecho y presunto favorecimiento a figuras del narcotráfico. La auditoría caso por caso buscará determinar si la parálisis de los expedientes fue mera negligencia o formó parte de la red de cobertura judicial que salpica al exmagistrado.
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