Gabriel Mizzau fue detenido por lavado de activos. Armaba estructuras financieras para Esteban Alvarado y asesoraba al juez Marcelo Bailaque, quien debía investigarlo. La causa revela un vínculo directo entre la justicia y el crimen organizado.
Una bomba institucional sacude Santa Fe y la justicia federal. El contador Gabriel Mizzau fue formalmente procesado por lavado de activos y quedó detenido en su domicilio por orden del juez federal Eduardo Rodríguez Da Cruz. El dato que genera escándalo es que Mizzau trabajaba simultáneamente para Esteban Alvarado, uno de los narcotraficantes más violentos de Argentina, y para el exjuez federal Marcelo Bailaque, que debía investigarlo.
La medida, dispuesta este viernes en Rosario, sella un capítulo decisivo en una causa que revela cómo el crimen organizado logró penetrar la estructura misma del Poder Judicial.
Durante la audiencia de imputación, los fiscales Diego Iglesias (de la PROCUNAR) y Juan Argibay (de la PROCELAC) desplegaron una batería de pruebas:
El dato más explosivo: Mizzau era también el contador personal de Bailaque, quien tenía en su poder dos causas contra Alvarado. Es decir, el magistrado que debía investigar al narco compartía contador con él. Bailaque, hoy también imputado, renunció el 1° de julio pasado y cumple prisión domiciliaria.
La investigación, iniciada a partir de una denuncia de la diputada provincial Lionella Cattalini, avanzó tras una revelación del periodista Germán de los Santos en AIRE Digital, quien destapó la doble función de Mizzau como operador financiero de Alvarado y asesor contable del juez Bailaque.
Según los fiscales, la inacción del exjuez –especialmente el rechazo de pedidos de escuchas en 2013 sin fundamentos– permitió el crecimiento del narcotraficante, que no solo multiplicó su patrimonio sino que desató una ola de violencia con decenas de crímenes en Rosario.
Pese a la gravedad del caso y la contundencia de las pruebas, tanto Mizzau como Bailaque y el financista Fernando Whpei cumplen prisión en sus domicilios, por decisión del juez Rodríguez Da Cruz. Es la misma vara con la que en otras causas federales los responsables de vínculos con el narcotráfico continúan operando, aún procesados.
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