Escribano, abogados y ex funcionario, de Entre Ríos procesados por estafa

Tras un año y medio de investigación, la justicia de Paraná resolvió ayer el auto procesamiento de un escribano, dos abogados y un ex funcionario provincial a quienes encontró responsables de los delitos de falsificación de documento público y estafa procesal en perjuicio del empresario de la ciudad de Rosario Orlando Vignatti.

El juez de Instrucción Elvio Garzón, dispuso el procesamiento luego de que pretendieran cobrarle al empresario la suma de 300.000 dólares  de forma irregular por los profesionales. Los imputados son el escribano Carlos Emilio Torrealday de 63 años, sus dos hijos abogados Flavio, de 40, y Guillermo, de 29, y el ex funcionario provincial del Consejo General de Educación y de la Uader, Alejandro Richardet.

La demanda partió de una doble situación que perjudicaba al empresario. Es que además del fraude, la justicia civil de Paraná había dado lugar en un primer momento a que los procesados cobraran la supuesta deuda. Pero en en el juzgado de Instrucción Nº 8, tanto el juez como el fiscal Rafael Cotorruelo, entendieron que el empresario fue víctima de una estafa.

Ahora, Orlando Vignatti podrá neutralizar la resolución de la justicia civil de Paraná, que había dado lugar, en un primer momento, al planteo del cobro de la deuda por parte del prestamista. En tanto, con el dictado de procesamiento de estas cuatro personas, quedó establecido que la documentación que ellos presentaron en la justicia era falsa y las pericias oficiales confirmaron se falsificaron las firmas que avalaban el supuesto préstamo.

Lo cierto es que los letrados querellantes en la causa, Enrique Bacigalupe y Francisco Chiovetta plantearon la demanda partiendo de dos aspectos del caso: por un lado la situación fraudulenta que a todas luces  perjudicaba al empresario rosarino, y por otro el hecho de que  la justicia civil de Paraná había dado lugar a que Vignatti hiciera efectivo el pago de la deuda. Sin embargo, en la causa penal entablada por el empresario contra los ahora procesados, tanto el juez Elvio Garzón como el fiscal Rafael Cotorruelo, llegaron a la misma conclusión:  el empresario había sido estafado por parte de los denunciados.
Según pudo saberse, Vignatti fue intimado a pagar la importante suma de dinero luego de que este tomara, supuestamente, un préstamo. Para sorpresa de los investigadores, se pudo establecer que el responsable del reclamo  había sido un remisero quien al ser convocado a la justicia negó terminantemente haber participado de la operación junto a las demás personas. El testimonio del hombre, contundente, echó por tierra la posibilidad de avanzar con el reclamo del dinero por parte de los profesionales y del ex funcionario provincial y los puso en una comprometida situación procesal.

Los dos abogados procesados presentaron la documentación para exigir el dinero a Vignatti con  la firma del remisero. Sin embargo, éste, y como se expresar anteriormente,  admitió en Tribunales que Richardet le hizo firmar, en su desconocimiento e ignorancia, varios documentos para formar parte de una cooperativa. Luego, para su sorpresa y preocupación, se enteró de que él, un remisero, aparecía como prestándole al empresario rosarino nada menos que 300.000 dólares. El trabajador enfatizó que jamás tuvo intenciones de ser el responsable de una organización prestamista de semejante envergadura.

Richardet

Alejandro Richardet, ahora procesado, es docente de Diamante y ocupó cargos jerárquicos en el Consejo General de Educación. Trabajó en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), pero luego de varios conflictos con la rectora, Graciela Mingo, debió relegar protagonismo y espacio dentro de la casa de altos estudios.

El conocido “Patty”, fue observado por las autoridades ante supuestas situaciones violentas y arbitrarias en la Uader que nunca se probaron. En el mes de marzo no se le renovó el contrato que tenía con la institución.

El estudio

En tanto, el conocido estudio jurídico Torrealday de Paraná, tres de cuyos titulares acabaron procesados, y cuya presentación en su página web reza “nuestro espíritu está sustentado por la excelencia”, deberá ahora hacer frente al procesamiento dictado por la justicia penal de la provincia de Entre Ríos.