Escuchas del caso Vicentin revelan gestiones para justificar u$s 200 mil de un síndico

La investigación sobre posibles estafas por las que fueron imputados 14 directivos de Vicentin reveló escuchas telefónicas del actual presidente de la firma, Omar Scarel, con un abogado a quien le pide asesoramiento para justificar «200 mil verdes» que su hijo tenía en una caja de seguridad, de los que terminó haciéndose cargo un ex titular de la Afip de Santa Fe.

Scarel era el síndico de Vicentin Saic al momento de la cesación de pagos de la compañía, en diciembre de 2019, y la charla revelada esta semana en la audiencia de acusación del fiscal Miguel Moreno a los directivos de la empresa fue captada en diciembre de 2020, cuando se había convertido en el presidente del nuevo directorio.

Para el fiscal, la conversación que reveló en la audiencia de esta semana es demostrativa de la capacidad de los directivos para borrar o alterar pruebas de la investigación, por lo que pidió la prisión preventiva de cinco ejecutivos.

La medida fue rechazada por el juez Román Lanzón, quien en cambio les impuso una caución por U$S10 millones a Scarel, Roberto Gazze, Alberto Macua, Miguel Vallaza y Javier Gazze.

El 29 de diciembre del año pasado, Scarel llamó al abogado Sergio Pavicich para pedirle asesoramiento sobre cómo proceder ante la interdicción establecida por el fiscal Moreno a una caja de seguridad a nombre de su hijo, en la que aparentemente había U$S200 mil cuyo origen el mismo ejecutivo admite en el diálogo desconocer.

Este fue el diálogo que se produjo:

—Scarel: Yo tengo a mi hijo con el tema de la caja de seguridad ¿Cómo ves el tema de la caja de seguridad?

—Pavicich: Y, si vos no tenés nada raro adentro yo te diría que le metas para adelante, que le hagas un pedido al fiscal.

—S: Sí, pero lo que pasa es plata, ese es el tema.

—P: ¿Y qué origen tiene?

—Qué se yo.

—¿Es mucha?

—Son 200 más o menos, verdes.

Scarel se queja porque, dice, el fiscal «no tendría por qué meterse con cosas que no corresponden a la causa», pero el abogado le responde: «Y sí, porque es fiscal, porque el lavado es delito de orden público y si vos no tenés respaldo de esa guita, lamentablemente te tengo que decir que te la van a secuestrar».

Entonces comienza un ida y vuelta para buscar cómo justificar el dinero interdicto en la caja de seguridad bancaria.

—Scarel: ¿Y qué respaldo podría tener?

—Pavicich: Un contrato de compra-venta por supuesto precio que vos cobraste, o una seña que vos recibiste.

—Y podría ser, por ejemplo, una certificación contable de fondos de la empresa.

—Sí, podría ser, pero eso no acredita el origen.

—No, no, ¿el origen cuál es el problema? Yo le digo que esta caja es de la compañía.

—Pero tiene que haber algo en blanco. Ahí estaba pensado eso en lo que me preguntaste, en realidad una certificación contable de origen de dígitos de fondos sirve para pocas cosas y no sirve para eso. Lo que te digo que tendrías que tener es algún documento que respalde en fecha cercana al último acceso a la caja el ingreso de los fondos.

Más adelante, el directivo de Vicentin y el abogado barajan posibilidades para justificar el dinero, que está en la caja de un hijo de Scarel que tenía la franquicia de la inmobiliaria Remax en Rosario.

Pero Scarel planteó un problema adicional, y era que el dinero guardado estaba en sobres con nombres.

—Lo que pasa es que adentro de esa cajita hay plata, el tema es como aparte hay sobres que dicen ‘ésta es de Omar, ésta es de Tito, ésta de Juancito’, sobrecitos anotados que son los socios. Yo lo que digo es, bueno, la empresa recibió fondos o por préstamos o por mutuo o por inversión o por lo que sea.

—Por reservas, por lo que fuere.

—Por reservas o por los que fuere, y después cada uno de los socios retiró a cuenta o tomó un préstamo con la compañía. El problema es que se abren la caja y encuentra sobre y dice ‘éste es Sergio’. ¿Y éste quién es? Bueno, este es el socio que retiró esa guita.

—¿En el sobre hay alguna anotación además de decir un nombre?

—No, un nombre tiene el sobre, cada uno tiene su nombre. Ahí es donde se me complica.

—Habría que imaginar (en) qué medida la plata de la sociedad podría estar siendo afectada, o explicar cuando llegue el momento que la plata iba a ser para pagar futuras utilidades y que estaba siendo reservada a nombre de cada uno de los integrantes de la sociedad.

Finalmente, según explicó el fiscal Moreno, en la causa apareció un certificado firmado por Carlos Vaudagna, ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), afirmando que el dinero era suyo y que lo había dejado como parte de operaciones con Remax.

Durante la audiencia de esta semana, la abogada querellante por el Grupo Grassi, Viviana Cosetino, dijo al respecto que «si un síndico de Vicentin tiene la influencia para recurrir a un ex director regional de la Afip para que le justifique la escasa suma de 200 mil dólares, que Scarel no podía justificar, mejor no imaginar las otras cosas que pueden haber hecho o estar haciendo para entorpecer el proceso».