Escuchas: intentan apartar a Oyarbide

El ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, aseguró hoy que «existe la posibilidad» de que el juez Norberto Oyarbide sea apartado de la investigación por las escuchas ilegales.

«La ley es muy clara cuando señala que una persona si es acusado o acusador siendo juez debe apartarse de la causa», señaló al término de la conferencia de prensa brindada luego de su frustrado paso por la Legislatura.

El ministro explicó que el recurso que presentó ante la Cámara de Casación deberá ser tratado en el plazo de una semana, pero advirtió que en el caso de que el juez Oyarbide sea ratificado en su cargo, va a dar «las explicaciones necesarias».

En su pedido por apartar al actual juez de la causa, puede intervenir hasta la Corte Suprema porque «al estar en juego garantías constitucionales que tienen que ver con el derecho a defensa en juicio o al debido proceso, habilita la intervención del máximo tribunal».

El ministro advirtió: «La oposición en su conjunto decidió no escuchar a un Ministro», tras fracasar su intento de responder preguntas ante la Legislatura.

En ese sentido, durante una conferencia de prensa junto al legislador PRO, Cristian Ritondo, Montenegro sostuvo: «La idea era poder explicar a todos los diputados y aclarar todas las dudas. Este era el ámbito más adecuado para hacerlo».

Por otro lado, en relación con el intento de interpelación de la oposición, el funcionario aseguró: «La interpelación es una jugada política». Además, aclaró: «Si me invitan voy a venir seguro».

Asimismo, al ser consultado por una posible renuncia ante un procesamiento en la causa, el ministro fue directo: «No, no voy a renunciar».

Respecto de la negativa de la oposición de bajar al recinto para alcanzar el quórum, el legislador Ritondo expresó: «Uno tiene opciones. O quiere saber la verdad o quiere especular políticamente». «Todas las preguntas iban a ser contestadas», agregó.

Montenegro había llegado sin agenda previa ni aviso al Parlamento para dar explicaciones por las escuchas ilegales que sufrieran Sergio Burstein, de Amigos y Familiares de Víctimas de AMIA y el empresario Carlos Ávila, entre otros.

Los 26 diputados de PRO no fueron suficientes para alcanzar las 31 bancas necesarias para dar inicio a la sesión ordinaria.