Se trata de la Ley de Información Clasificada, que sustituye a una vigente desde 1968. Esta iniciativa busca avanzar "como una democracia madura" a la par de otras naciones de la Unión Europeo
El gobierno de España desclasificará archivos del franquismo a partir de la Ley de Información Clasificada. El texto establece el levantamiento del secreto de todos los documentos clasificados de hace más de 45 años.
El proyecto, que será tramitado en el Congreso de los Diputados, sustituye a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo de 1968. Al establecerse 45 años como tiempo máximo de clasificación, los documentos reservados anteriores a 1981 serán desclasificados.
Estos incluyen los relacionados con la dictadura (1939-1975) y la Transición, que arrancó en 1976. Bajo esta iniciativa se busca avanzar «como una democracia madura».
Se trata de la Ley de Información Clasificada, que sustituirá a la vigente desde 1968. Entre sus principales novedades se encuentran los plazos máximos de reserva: los documentos clasificados como alto secreto deberán desclasificarse en un máximo de 45 años (prorrogables excepcionalmente 15 más).
Los de nivel secreto, por su parte, deberán desclasificarse en 35 años (prorrogables 10); los confidenciales, entre 7 y 9 años y los restringidos, entre 4 y 6 años. Además, la norma prohíbe clasificar información relacionada con violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, lo que excluye del secreto muchos hechos vinculados a la dictadura franquista.
Desde el Ejecutivo aseguran que esta legislación busca adecuar a España a los estándares de transparencia vigentes en la Unión Europea (UE) y la OTAN. Para los investigadores, archiveros y asociaciones de memoria histórica, se trata de un cambio largamente esperado.
Hasta ahora, esos documentos permanecían cerrados por decisión administrativa, sin una base legal clara que fijara plazos. Con la nueva norma, solo podrán mantenerse en secreto si se acredita que su divulgación supone una amenaza real para la seguridad nacional, y esa justificación deberá renovarse anualmente.
Con esta ley, «nos ponemos en estándares europeos, avanzamos como una democracia madura que somos para que los ciudadanos tengan derecho a saber, para que las administraciones tengan la obligación de aportar documentación que sea importante para la historia y, por supuesto, se protege la seguridad nacional y la defensa en nuestro país», dijo el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Subrayó que «superamos una rémora de nuestra legislación, una ley preconstitucional que proviene de la dictadura». Hasta ahora el gobierno se había negado a realizar una desclasificación masiva de los documentos secretos del franquismo y la Transición.
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