La Cámara de Biocombustibles criticó a la medida como "arbitraria y discriminatoria". Esto se suma a la fijación del derecho antidumping en la Unión Europea.
El 6 de noviembre, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo español publicó la lista definitiva de las plantas de biodiésel que podrán venderle a ese país hasta un máximo de 5,5 millones de toneladas anuales. Sin embargo, no aparece ninguna fábrica «extra europea».
Esto sucede «a pesar de que, tras las denuncias presentadas por la Argentina ante la OMC, el Gobierno español permitió su inclusión en la convocatoria de la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía del 5 de febrero de 2013 que regula el nuevo sistema de asignación de cuotas» en ese país, señaló CARBIO en un comunicado.
Y precisó que algunas de las plantas argentinas que se presentaron a esta convocatoria «fueron excluidas, alegando razones administrativas injustificadas, mientras que a otras se las excluyó sin estas excusas, alegando que no suman el puntaje necesario en un ráting que aparentemente realiza el Ministerio de Industria Español pero que nunca aclaró en base a qué parámetros se adjudican los puntos».
«En definitiva, esta resolución es claramente una nueva medida arbitraria cuyo objetivo es excluir a las empresas argentinas del mercado español», alertó la entidad empresaria. Además, aseguró que todas las plantas argentinas «remitieron en tiempo y forma la documentación solicitada por la autoridad de aplicación española, por lo que estamos frente a una nueva barrera no arancelaria que excluye a las empresas argentinas de vender en el principal mercado europeo de biodiésel «.
También afirmó que esta medida «se suma a la reciente fijación del derecho antidumping en la Unión Europea, que significa la confirmación de una crisis terminal de la industria exportadora argentina, con las consecuencias económicas y sociales derivadas de esta falta de mercado».
En este marco, CABIO expresó que «existe una clara discriminación del Gobierno español en la asignación de cuotas de biodiésel a proveedores extracomunitarios», y amenazó con «iniciar acciones administrativas en España como así también acciones conjuntas con el Gobierno argentino ante la OMC». España -principal mercado de biodiésel en Europa- importaba desde la Argentina biocombustible de soja por un valor superior a los u$s 800 millones anuales.
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