«Está en riesgo la independencia del Poder Judicial», mensaje con foto desde Rosario a la Casa Gris

“Está en riesgo la independencia del Poder Judicial”. Al derecho, al revés, con sinónimos, con más o menos palabras fue el principal eje este viernes frente al Palacio de Tribunales de Rosario, en la conferencia de prensa previa al «Primer Encuentro de la Magistratura y la Función Judicial», que reunió a unos dos centenares de magistrados y funcionarios judiciales de la provincia. La actividad, que no parece tener antecedentes en la historia, tanto como la imagen que muestra su convocatoria y la temática elegida para debatir, se alzaron en sí mismas como un semáforo para el rumbo de la todavía novel gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, que horas antes había aplazado abruptamente la sesión de la Asamblea Legislativa para avanzar en el nombramiento de los integrantes de la Cámara de Ejecución Penal, nueva estructura judicial creada por su gobierno. Detrás de discursos cuidadosos y gestos amables, el mensaje desde la Justicia aplicó con impacto directo o aproximación elegida sobre tres ejes medulares de la Casa Gris: reforma previsional, reforma de Justicia y Seguridad y reforma constitucional.

“No es una cuestión corporativa sino un beneficio y un derecho de la ciudadanía de ser juzgados por jueces independientes. Se ha modificado el ingreso al Poder Judicial. Hay un principio, que es el de la progresividad, y hay una regresión porque antes el gobernador estaba limitado en su capacidad de elegir y ahora puede elegir entre cualquier persona que haya rendido el examen, lo que afecta su independencia”, dijo a la prensa Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM). La frase cayó verticalmente sobre el proceso de selección de jueces para la Cámara de Ejecución Penal, órgano judicial creado por ley para estar al frente de la aplicación de penas privativas de la libertad, cuya terna de integrantes iba a ungirse esta semana sin corresponderse con el orden de mérito definitivo que surgió en los seis meses del proceso.

“El Judicial es un Poder del Estado que tiene la misma jerarquía que los otros. Defendemos y luchamos por la autarquía financiera y funcional del Poder Judicial, lo que se ha visto reflejado en el resto de las provincias con una tendencia a que tengan el manejo de sus recursos y funcionamiento, todo lo contrario a lo que ocurre en Santa Fe”, agregó Ruiz, extendiendo el radio de impacto hacia la cuestión presupuestaria: vacancias, funcionamiento y retiro de jueces y juezas, cuyos trámites de jubilación de aceleraron a velocidad máxima ante la reforma de la Caja impulsada desde el Ejecutivo provincial.

Desde la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial acompañaron el reclamo de los magistrados y funcionarios de Santa Fe y consideraron que “hay varias cuestiones que estarían afectando la independencia del Poder Judicial”, se redondeó.

En la misma sintonía, el presidente del Colegio de Magistrados de la Provincia de Santa Fe, Roberto Dellamonica, destacó que “la independencia judicial es medular”, y enfatizó la necesidad de contar con un mayor presupuesto para funcionar. “En la provincia es ínfimo, del 3,29 por ciento del total”, avisó. “También necesitamos que se cubran las vacantes, ya que hoy funcionamos un 75 por ciento de los magistrados; y que se dicten los actos administrativos de la designación de personal”, amplió.

En cuanto a la reforma previsional señaló que hicieron presentaciones en la comisión en las que destacan los principios de razonabilidad, convencionalidad, constitucionalidad y respeto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “El miércoles ingresó un documento al Senado que esperamos sea tenido en cuenta para evitar que haya litigiosidad previsional”, refirió.

En cuanto a los cuestionamientos recientes sobre la cantidad de jueces que iniciaron el trámite jubilatorio pero no el cese de tareas, el vicepresidente del Colegio de Magistrados, Iván Kvasina, anfitrión del encuentro, explicó que el mecanismo está previsto en la ley jubilatoria 6.915 y que atañe a cualquier empleado del sector público provincial. “Es un dispositivo normativo vigente desde antes de la década del 90 y que se usa regularmente. Se enfatiza en la figura de algunos jueces con alguna intencionalidad política. Es probable que la tensión entre el Ejecutivo y la Corte pueda llegar a influir en el discurso”, señaló. Y mencionó que la actual situación y las medidas del gobierno provincial afectan el normal servicio de Justicia. “La calidad del servicio empieza a sufrir deterioro por la falta de cobertura de vacantes, por la parálisis administrativa vinculada a las designaciones y ascensos de empleados administrativos. Existe toda una serie de medidas que, en su conjunto, vienen trabando el funcionamiento del Poder Judicial y generando una sensación de riesgo para la independencia judicial que no es un privilegio nuestro sino que es necesaria para que la ciudadanía tenga un servicio de Justicia acorde a sus necesidades”.