Estafas inmobiliarias por un millón de dólares: condenan a un abogado en Santa Fe

Un abogado de 51 años fue condenado por integrar una banda delictiva que se dedicaba a estafas inmobiliarias. El grupo funcionó durante una década y se estima que defraudó a más de 100 personas por un monto cercano al millón de dólares. Según la teoría fiscal, la banda estaba integrada además por otro letrado, a quien se lo consideró organizador, un corredor inmobiliario y un martillero, entre otros. El acusado, luego de permanecer dos años en prisión preventiva, aceptó un juicio abreviado y fue sentenciado a cumplir 3 años de condena y otro tanto de inhabilitación. Además, deberá resarcir a 27 víctimas.

La investigación inició en 2022 y, dos años más tarde, siete personas fueron imputadas. La fiscal Bárbara Ilera explicó en aquella audiencia que el grupo delictivo estaba integrado por un abogado que asumió su defensa y su hermano corredor inmobiliario como organizadores, y los otros cinco —entre ellos el abogado Cóceres, un martillero, un comerciante, un ama de casa y un jubilado— como miembros de la banda.

Para la fiscalía, el grupo funcionó desde mediados de 2014 hasta agosto de 2024 y defraudó a alrededor de 100 víctimas por una suma cercana al millón de dólares. Según detalló en la imputación, llevaban adelante maniobras fraudulentas para darle apariencia legal a la venta ilegítima de terrenos. De esa manera, comercializaron lotes ubicados en las ciudades de Santa Fe —tanto en la zona urbana como en Colastiné Norte—, Santo Tomé y Sauce Viejo, y en la comuna de Arroyo Leyes.

«Los imputados integraron una sola asociación ilícita que se mantuvo en el tiempo en forma constante e ininterrumpida, con diferentes conformaciones en sus miembros, desde mediados de 2014 hasta noviembre de 2021, cuando se subdividió», precisó la fiscal. En ese sentido, manifestó que «hasta este año, el modus operandi se mantuvo idéntico en ambos grupos: uno organizado por el abogado de iniciales A.E.S., quien tuvo ese rol desde un principio; y el otro coordinado por los hombres de iniciales A.D.D.M. y A.M.S., entre otras personas».

Modus operandi

«Simulaban que tenían las facultades para administrar y comercializar inmuebles de otras personas», remarcó Ilera, y añadió que «los legítimos propietarios en realidad no habían autorizado esas operaciones». Además, falsificaban boletos de compraventa y cesiones de derechos, y utilizaban formularios y sellos apócrifos de organismos oficiales.

Luego, los abogados del grupo presentaban esa documentación falsa en Tribunales e iniciaban juicios de escrituración. La fiscal indicó que lograron defraudar a distintos magistrados con estas maniobras.

Los terrenos los ponían a la venta a través de cartelería o redes sociales. Cuando había interesados, los convocaban a distintos domicilios que funcionaban como sedes de la banda. En la oficina les mostraban la documentación y los planos, y les ofrecían financiación; sin embargo, cuando las víctimas querían escriturar, el trámite no era viable, o bien los verdaderos dueños aparecían cuando intentaban tomar posesión del terreno.

Entre los delitos achacados, el abogado Cóceres fue sindicado como miembro de la asociación ilícita, estafa, estafa procesal y ejercicio ilegal del corretaje inmobiliario.

Finalmente, Cóceres, de 51 años, aceptó un acuerdo abreviado. El juez Pablo Spekuljak homologó el convenio que fijó una pena de 3 años de prisión, inhabilitación por 3 años para ejercer la abogacía y por 5 años para el corretaje inmobiliario, más una reparación económica para 27 víctimas por la suma de 60 millones de pesos. El condenado recuperó la libertad tras la audiencia y se suma así a la lista de condenados por la megaestafa.