País

Este martes vuelve a reunirse la comisión que investiga la masacre del fentanilo contaminado

Se espera la presencia de la directora del Instituto Malbrán, Claudia Perandones

La comisión investigadora de la tragedia del fentanilo contaminado volverá a reunirse mañana para avanzar con el proceso de producción de pruebas testimoniales, y se espera la presencia de la directora de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán (ANLIS), Claudia Perandones, para analizar el rol que jugó este instituto antes y después de la circulación de lotes adulterados.

Además fue invitado para este martes a las 12 hs Luis García Sigman, experto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para que exponga sobre proyectos de control de drogas sintéticas. (previamente había estado en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico).

Asimismo, se espera que un segundo grupo de familiares de víctimas fatales de la tragedia del fentanilo contaminado se presente en la comisión para compartir sus experiencias y sus demandas para acceder a la verdad y la Justicia.

Por otra parte, la conducción de la comisión que preside la socialista santafesina Mónica Fein (Encuentro Federal) compartirá la información que se pudo obtener a partir de la reunión que una comitiva de integrantes del cuerpo mantuvo con el juez a cargo de la causa judicial, Ernesto Kreplak.

En una entrevista reciente con la Agencia Noticias Argentinas, Fein aclaró que “la investigación judicial la lleva adelante el juez”.

“Y por eso es muy importante que nosotros no nos superpongamos ni dificultemos esa investigación, que es trascendental”, explicó.

“Nosotros tenemos que avanzar para ver si es necesario modificar normativas hoy existentes, tanto de ANMAT, de trazabilidad, de alertas ante un hecho de este tipo, como también, citando a los responsables políticos. Hay responsabilidades administrativas y políticas de parte de la ANMAT y del Ministerio de Salud. Ahí vamos a concentrar nuestro trabajo y, bueno, esperamos claramente tener un informe el 9 de diciembre con todas las recomendaciones», indicó la santafesina.

El objetivo de la comisión es culminar su trabajo con un informe final que contenga recomendaciones de políticas públicas pero sobre todo de modificaciones legislativas en la materia, para prevenir tragedias sanitarias como la ocurrida con el fentanilo.

Para Fein, tanto el Gobierno actual como el anterior “tienen responsabilidad en no haber controlado a los laboratorios adecuadamente”.

“Al principio hubo una idea que este proceso tenía que ver con una responsabilidad que le tocaba al Gobierno anterior. Pero yo creo que este es un proceso muy largo. Desde mi punto de vista, ambos gobiernos tienen responsabilidad en no haber controlado a los laboratorios adecuadamente”, expresó en diálogo con la agencia NA.

También sostuvo que el ministro de Salud, Mario Lugones, deberá dar explicaciones cuando sea interpelado en Diputados, al igual que la directora de ANMAT, Agustina Bisio.

“Kreplak plantea la dificultad que tuvo ANMAT en detectar ese lote. Por lo pronto, el juez sacó como querellante al ANMAT. Eso quiere decir que sospecha que ANMAT tuvo una participación inadecuada en el proceso. Por otra parte, el Gobierno cambió rápidamente a la directora del Instituto Nacional de Medicamentos. Es muy importante escuchar por qué esos organismos actuaron como lo hicieron, en qué normativas se basaron, y por qué, por ejemplo, no clausuraron o dieron una alerta diferente en el momento adecuado”, siguió la legisladora socialista.

Sobre el laboratorio HLB Pharma, cuyo dueño Ariel García Furfaro está detenido por el caso, Fein denunció que existieron “malas prácticas de elaboración” desde hace muchos años.

“Desconozco por qué ese laboratorio siguió funcionando con esos errores de elaboración tan muy graves. Es decir, ahí hay una clara dificultad en el control, seguimiento, y la sospecha de alguna connivencia entre algún actor de ANMAT o Salud”, afirmó a Noticias Argentinas.

En otro orden, se quejó de la falta de respuesta de esos organismos estatales ante los pedidos de informes enviados.

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