Evitar una prohibición general: pedido de la Iglesia católica a los diputados por cuidacoches

La discusión legislativa sobre los cuidacoches en Santa Fe sumó en las últimas horas un actor de peso: la Arquidiócesis de Rosario. A través de una carta enviada a diputados provinciales, la Pastoral Social local pidió no avanzar con una prohibición generalizada de la actividad y reclamó, en cambio, una respuesta más compleja, basada en regulación, registro, políticas de inclusión y sanciones específicas para los casos de amenazas o extorsión.

El documento, fechado el 16 de abril y dirigido a los legisladores provinciales, plantea que el debate no puede reducirse a una sola categoría, porque bajo la figura de los cuidacoches conviven realidades muy distintas. Por un lado, menciona a personas que, en un contexto de necesidad, ofrecen de manera libre servicios como cuidar, lavar o limpiar vehículos a cambio de una contribución voluntaria. Por otro, distingue situaciones en las que sí existe coerción, amenazas o aprovechamiento de la vulnerabilidad, casos en los que considera indispensable la intervención y sanción del Estado.

La posición de la Iglesia rosarina apunta justamente a evitar que ambas situaciones queden igualadas bajo una misma respuesta penal o prohibitiva. En la carta, la Pastoral Social advierte que tratar del mismo modo a quien trabaja en condiciones precarias y a quien extorsiona implicaría cometer una injusticia. También señala que muchas personas desarrollan esta actividad no por elección, sino por falta de alternativas laborales, en un contexto atravesado por desempleo e informalidad.

Desde esa mirada, la Arquidiócesis sostiene que una prohibición por sí sola no resolvería el problema, sino que tendería a desplazarlo hacia zonas con menos control, profundizando la informalidad y potencialmente los conflictos. Además, recuerda que las conductas más graves asociadas a esta problemática —como amenazas, daños o robos— ya están contempladas en el ordenamiento vigente, por lo que entiende que la discusión legislativa debería concentrarse en cómo distinguir mejor y cómo actuar sobre los casos verdaderamente delictivos.

En su planteo, la Pastoral Social propone un camino alternativo: registrar, ordenar, identificar y establecer reglas claras para la actividad, al tiempo que se despliegan políticas públicas de inclusión, capacitación, asistencia y acceso al trabajo. También sugiere que, si se decide avanzar con restricciones, estas deberían aplicarse de manera gradual, con un período de transición, un relevamiento previo serio y dispositivos estatales ya en marcha.

El texto insiste en que el foco del Estado debería estar puesto en las organizaciones que generan violencia, explotan personas o ejercen coacción, especialmente en contextos de eventos masivos, y no en una criminalización general de prácticas que en sí mismas no implican daño. En ese sentido, la Iglesia local buscó correr el eje del debate desde la prohibición absoluta hacia una combinación de control, diferenciación y acompañamiento social.

Con esta intervención, la Arquidiócesis de Rosario mete presión en la discusión que se desarrolla en la Cámara baja provincial y suma una voz influyente a un tema que ya venía generando divisiones políticas y sociales. El mensaje de fondo es claro: para la Iglesia, la salida no pasa solo por prohibir, sino por distinguir, sancionar lo delictivo y ofrecer alternativas a quienes hoy sobreviven en la informalidad.