Excepción: al lado del centro se podrá construir hasta 30 metros

Por Guillermo Correa.- Se modificó la ordenanza de grandes superficies y predios de 1.000 metros cuadrados podrán hacer convenios edilicios.

El Concejo Municipal aprobó por unanimidad, tras un debate y con modificaciones, el proyecto girado por el Departamento Ejecutivo que modifica la ordenanza N° 8.244, del año 2008, reguladora de las construcciones en el primer anillo perimetral al área central. “Con esta modificación se impulsa al desarrollo de proyectos urbanísticos. La ordenanza vigente permite acceder a esta categoría a los terrenos de una superficie inicial de 1.500 metros cuadrados, a partir de la aprobación de la modificación la superficie mínima será de 1.000 metros cuadrados y 25 metros de frente”, explicó la concejala socialista Viviana Foresi, miembro informante del oficialismo sobre el proyecto. Desde la oposición, en tanto, se interpretó que la chance de ingresar a la categoría de convenios edilicios –en tanto concertación público-privada– de superficies menores que el mínimo establecido hasta ahora pero mayores a mil metros cuadrados es una oportunidad comercial para desarrolladores, pero permitirá a la par “ejercer un mayor control” sobre los emprendimientos, al entender del edil Diego Giuliano, de Encuentro por Rosario.

A partir de la modificación, el desarrollo de proyectos “unitarios” en parcelas –o también conjuntos de parcelas contiguas que sumen una superficie igual o mayor a 1.000 metros cuadrados– los emprendimientos tendrán nuevos indicadores que se irán modificando a medida que se alejen de las avenidas que delimitan el área central. Así la altura mínima en todos los casos será de 6 metros, pero la máxima –como excepción “y a solicitud expresa del interesado”– podrá “sobrepasar la altura del tejido circundante” y llegar hasta los 30 metros para el área inmediata a lo que normalmente se conoce como “el centro” –área de tejido 1–. Allí está, por ejemplo, la zona que rodea a la plaza López –Pellegrini, Laprida, pasaje Storni, Buenos Aires– o el sector de Pellegrini, Oroño, Tucumán y Alvear, entre otras.

En la segunda franja, en tanto, la altura máxima será de 23 metros –parcelas ubicadas en Suipacha, Tucumán, Ovidio Lagos, Pellegrini, entre otros sectores– y en la siguiente área –área de tejido 3–, se establece una altura máxima de 19 metros. A la AT3 pertenece, por ejemplo una parcela o conjunto dentro de Presidente Perón Ituzaingó, Suipacha y Ovidio Lagos. Y a ello se le suman los llamados “corredores”, con normativa edilicia distinta a la de las zonas que circundan.

La anterior modificación a la normativa –a través de la ordenanza 8.272– había establecido máximas de 23, 19 y 15 para las áreas AT1, AT2 y AT3 respectivamente.

“Es una alternativa para mejorar la calidad de los diseños y de los proyectos”, graficó el titular del bloque Socialista, Manuel Sciutto. Dicho de otro modo el desarrollador puede pensar en un proyecto con los límites vigentes, o pedir la excepción vía convenio, en el que se establecerán también sus obligaciones. Más oportunidades, pero con más control.

La normativa, explicó Sciutto, también da chances para un desarrollo distinto a partir de la unificación de proyectos que hoy podrían estar diseñándose por separado.

Con todo, la normativa será aplicable a condición de que los proyectos tengan “cuatro fachadas”, es decir, torres que estén separadas de las medianeras. Y la altura máxima es –se recordó– sensiblemente menor a los convenios urbanísticos especiales que deben pasar por el Legislativo, para los que se permite una excepción que trepa a 54 metros. “Se procura alentar la construcción de vivienda colectiva en altura, cerca del centro de la ciudad”, marcó Foresi en la sesión de ayer.

Así los usos admitidos para las nuevas delimitaciones contemplan las construcciones de viviendas colectivas, hoteles, centros educativos, auditorios, bibliotecas, galerías de artes, gimnasios, restaurantes y clínicas, sanatorios. Sobre el punto, el bloque del Partido del Progreso Social hizo una observación y adelantó su voto negativo, pero una modificación sobre la marcha propuesta por el radical Jorge Boasso convenció a Héctor Cavallero y María Fernanda Gigliani.

Ambos habían marcado el contrasentido de propiciar la radicación de clínicas y sanatorios en un área de gran congestionamiento de tránsito, pero su par propuso incluir que los proyectos deberán incorporar estacionamientos de acuerdo a su uso: hubo acuerdo y el proyecto salió con voto unánime.

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