Explotadores sancionados

El administrador federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, resolvió ayer suspender la aduana domiciliaria a la empresa multinacional DuPont Argentina, al comprobar que la compañía está vinculada con la cerealera Pioneer Argentina SRL, denunciada anteayer por la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social por trabajo esclavo y evasión, en la localidad cordobesa Monte del Rosario. Por su parte, el titular de la regional Córdoba de la Afip, Santiago Cataldo, ratificó que los obreros fueron encontrados en condiciones “infrahumanas”.

“El esquema de Aduana domiciliaria se basa en la confiabilidad fiscal de las firmas”, afirmó Echegaray y luego aseguró que la empresa DuPont “no puede gozar de este beneficio si está vinculada con una empresa que explota a sus empleados y los hace trabajar de forma infrahumana”.

“La imágenes que pudieron capturar los agentes de la Afip son contundentes. Estamos ante una caso de trata de personas”, resumió el funcionario y repitió que el fisco llegará hasta las últimas instancias judiciales sobre este caso.

El beneficio del Régimen de Aduana Domiciliaria busca facilitar la operatoria del comercio exterior para las empresas con grandes volúmenes de operaciones, tanto de exportación como de importación de mercaderías, explicaron desde la Afip.

“Si bien DuPont Argentina SRL había alcanzado estándares superiores a las 2.800 operaciones con el mercado internacional, por un monto aproximado de 115 millones de dólares, la Afip resolvió suspenderle la licencia porque dejó de ser un operador confiable”, sentenció Echegaray.

El titular de la Afip expresó además su indignación “por el modo en que vivían los 140 trabajadores en los campamentos, ubicados en el paraje Monte del Rosario”, ubicado a 110 kilómetros al noreste de la capital cordobesa, dentro del departamento de Río Primero.

Por su parte, Cataldo, de la sede local de la Afip, confirmó que en los campamentos los trabajadores vivían “en condiciones infrahumanas”,  y precisó que los antecedentes ya fueron girados a la Justicia Federal y al Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de Córdoba.

Durante el relevamiento, los inspectores de la Afip constataron que los trabajadores rurales estaban prácticamente reducidos, sin poder salir del lugar, y  que les pagaban recién al finalizar todo el trabajo, previo descontarle una suma de dinero por supuestos daños a las plantas que tratan.

Y como ninguno de los trabajadores conocía cómo se mide dicho daño, no sabían cuánto cobrarían. Las autoridades destacaron que la semilla de maíz lleva alto valor agregado y que es justamente aportado por la persona que desflora planta a planta, por lo que “se trata de un trabajo altamente calificado”.

Los trabajadores eran alojados en cinco campamentos repartidos en todo el predio. Dormían en casillas de chapas sin ningún tipo de aislante térmico ni contra alimañas e insectos. Cada cabaña mide aproximadamente 2,20 metros de alto por 1,50 de ancho y no tenían luz eléctrica.

Los peones debían consumir el agua que se extraía de los pozos utilizados para regar los campos, y que se almacenaba en tanques de PVC expuestos todo el día al sol. Los baños no tenían puertas ni sanitarios y en las duchas no habían agua.