El sindicato ATE cuestionó el mecanismo de ingreso implementado en la administración pública y advirtió sobre el crecimiento de la planta política mientras continúan los despidos de trabajadores estatales
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvió a cargar contra el Gobierno nacional y, esta vez, apuntó directamente contra el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni. El gremio aseguró que durante su gestión se produjo el ingreso de 249 familiares, amigos y allegados en distintas áreas de la administración pública y reclamó que esas incorporaciones sean revisadas y dadas de baja.
A través de un duro pronunciamiento, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que «desde que asumió funciones no paró de llenar de familiares y allegados todas las áreas públicas que orgánicamente estaban bajo su autoridad». Según denunció, esas incorporaciones representan «249 ñoquis que se encuentran percibiendo un salario sin ninguna contraprestación de servicios».
El dirigente sindical también apuntó contra la Secretaría General de Gobierno, al sostener que «no puede hacerse la distraída», ya que, según afirmó, conoce cada una de las designaciones realizadas durante la gestión de Adorni. En ese sentido, reclamó que el Ejecutivo avance con una revisión de esos nombramientos y adopte medidas para revertir la situación.
Desde ATE vincularon además estas incorporaciones con el nuevo sistema de ingreso al Estado impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Para el sindicato, el mecanismo, presentado por el Gobierno como una herramienta para transparentar el acceso a la administración pública, «no tenía nada de transparente» y terminó favoreciendo «el ingreso de militantes de La Libertad Avanza».
Otro de los cuestionamientos planteados por el gremio apunta al costo que, según denuncia, representan esas designaciones para las arcas públicas. ATE aseguró que las dependencias que estuvieron bajo la órbita de Adorni se encuentran «saturadas» de personal, cuyos salarios superan los dos millones de pesos en la mayoría de los casos y que, además, carecen de experiencia y cumplen funciones que no resultan necesarias para el funcionamiento de los organismos.
La denuncia se produce en medio de la fuerte confrontación que mantiene ATE con el Gobierno nacional por la política de ajuste en el Estado, los despidos de trabajadores públicos y el cierre o reestructuración de distintos organismos.
Desde el sindicato sostienen que mientras miles de empleados estatales fueron desvinculados bajo el argumento de reducir el gasto público, se habrían concretado incorporaciones por razones de cercanía política, una situación que consideran incompatible con el discurso oficial sobre la eficiencia del Estado.
Con este nuevo planteo, ATE busca instalar nuevamente el debate sobre los criterios de ingreso a la administración pública y exige que el Gobierno aplique el mismo rigor que utilizó para avanzar con despidos y recortes sobre quienes, según denuncia el sindicato, fueron incorporados por vínculos personales o políticos y no por necesidades reales de la gestión pública.
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