El cierre definitivo de FAPA deja al sector eléctrico en una situación crítica. Ante la desaparición de la producción local, la red quedará completamente dependiente de aisladores fabricados en China, Brasil y Colombia. En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la Resolución 345/2026, que suspende por seis meses los derechos antidumping para la importación de estos productos. La norma advierte explícitamente sobre las consecuencias de mantener las restricciones: «La permanencia de la medida no solo carecería de objeto ante la inexistencia de producción nacional, sino que podría transformarse en un obstáculo para la estabilidad del servicio público eléctrico», afectando de manera injustificada una infraestructura crítica.
El panorama de la empresa comenzó a torcerse en los últimos seis meses, cuando dio los primeros pasos hacia su cierre total. Según el último reporte trimestral de la Cámara de la Industria Electrónica, Electromecánica y Luminotécnica (CADIEEL), correspondiente a diciembre de 2025, el 44% de las empresas del sector experimentó una baja en su nivel de producción, con una merma promedio del 31% respecto al trimestre anterior. Solo el 16% de las compañías logró incrementos, mientras que el 40% se mantuvo sin variaciones, en un contexto de fuerte recesión que golpeó especialmente a la industria nacional.
Con la liquidación de FAPA, Argentina pierde no solo una empresa centenaria sino también una capacidad productiva estratégica en un rubro sensible para la infraestructura energética. La resolución de Caputo, al eliminar temporalmente los aranceles de protección, busca evitar un colapso en el suministro eléctrico, aunque a costa de sellar definitivamente la suerte de una industria que durante casi nueve décadas garantizó la soberanía tecnológica del sector.
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