El diputado nacional santafesino y presidente de la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación, Pablo Farías (Provincias Unidas), impulsa una ley de medidas de alivio inmediato con herramientas de mediano plazo para fortalecer la competitividad, mejorar el acceso al financiamiento, preservar el empleo y generar condiciones de mayor previsibilidad para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) argentinas.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo de otros legisladores del bloque Provincias Unidas (PU), establece un esquema de políticas complementarias con el objetivo de atender las principales dificultades que hoy enfrentan las MiPyMEs: caída de la actividad, falta de financiamiento, elevada presión fiscal y pérdida de previsibilidad.
Las principales medidas de la ley promovida por Farías para revertir la crisis que sufren las empresas argentinas son:
- Suspensión de embargos y ejecuciones fiscales. Suspende por un año el inicio de nuevos juicios de ejecución fiscal y nuevos embargos por parte de ARCA para las mipymes adheridas, siempre que mantengan al menos el 90% de su nómina de personal. También permite levantar embargos vigentes mediante garantías o adhesión a la moratoria, suspende procesos judiciales en curso y limita los embargos sobre cuentas bancarias, evitando el bloqueo total del capital de trabajo.
- Régimen excepcional de regularización tributaria. Crea una moratoria para deudas vencidas hasta la entrada en vigencia de la ley: condona el 100% de multas no firmes, y entre 50-80% de intereses según el tamaño de la empresa (100% si se paga de contado). Ofrece pago al contado con 10% de quita adicional, o planes de hasta 96 cuotas (micro/pequeñas) o 60 cuotas (medianas), con tasas bonificadas y hasta 6 meses de gracia. La adhesión suspende causas penales tributarias, y el pago total las extingue.
- Anticipo de Ganancias. Durante 2 años, los anticipos del Impuesto a las Ganancias se reducen al 25% (micro/pequeñas) o 50% (medianas). También permite computar el 100% del impuesto al cheque como crédito de Ganancias, con arrastre a 5 años si no se utiliza por completo.
- Estabilidad fiscal por 24 meses.
- Compras públicas y grandes inversiones. Establece un plazo máximo de 30 días para que el Estado nacional pague a proveedores mipymes. Aquellas que sean proveedoras de proyectos RIGI accederían a parte de los beneficios de esos proyectos: devolución rápida de saldos técnicos de IVA (60 días), amortización acelerada de bienes de capital (a un tercio del plazo normal), y reducción del 50% en contribuciones patronales por nuevos empleos, por 24 meses.
- Financiamiento productivo. Implementa dos líneas de crédito con tasas bonificadas: una de Inversión Productiva (mínimo 36 meses, 6 de gracia) y otra de Capital de Trabajo (mínimo 12 meses). También se habilita a mutuales, cooperativas y sociedades de garantía recíproca a participar. El FOGAR podrá dar garantías para facilitar el acceso al crédito.
- Modifica el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) para hacerlo más accesible a las mipymes, reduce los montos mínimos de inversión exigidos (desde USD 50.000 para microempresas hasta USD 3.000.000 para medianas Tramo 2), amplía beneficios de amortización acelerada (60% + 40% en 2 cuotas), mejora el tratamiento de los quebrantos impositivos y extiende el alcance del régimen a 5 años más, prorrogables otros 5 para promover inversiones productivas y el desarrollo de cadenas de valor.
La falta de políticas de acompañamiento para las mipymes por parte del Gobierno nacional pone en riesgo el entramado productivo argentino. Frente a este escenario, la ley impulsada por el santafesino Pablo Farías brindaría herramientas para fortalecer a las empresas, sostener el empleo y promover el desarrollo de las economías regionales.
