La Cámara Federal de La Plata pondrá a prueba el alcance de las responsabilidades penales en la tragedia sanitaria que dejó un saldo provisorio de 111 muertes y 48 sobrevivientes. Los querellantes creen que podría haber muchas más, pero las historias clínicas incompletas y mal elaboradas impidieron avances en ese sentido. Este mes, en la provincia, la Defensoría del Pueblo también llevará reclamos de las víctimas a un encuentro con funcionarios provinciales
El caso del fentanilo contaminado, que investiga el juez federal Ernesto Kreplak, enfrenta un momento de definición. A lo largo de este mes, se espera que la Cámara Federal de La Plata se expida sobre los procesamientos de los catorce directivos y responsables de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, ambos propiedad de Ariel Garcia Furfaro. Esta resolución determinará si la teoría de la adulteración dolosa de un medicamento cobra fuerza procesal para avanzar hacia un juicio oral o si el caso retrocede en su tramitación.
El próximo paso en la Justicia depende de lo que decidan los camaristas al evaluar los recursos presentados por la defensa de los procesados. El tribunal de apelación no solo analizará la validez de los procesamientos, sino también los pedidos para modificar las condiciones de detención de algunos acusados.
Un fallo que confirme las decisiones del juez de primera instancia reforzaría el marco legal de la acusación por el delito de «adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte», que prevé penas de entre 10 y 25 años de prisión. Cualquier cambio en este criterio introduciría demoras y replanteos sustanciales en la causa.
Si la Cámara confirma el procesamiento, la defensa todavía tiene la posibilidad de apelar a la Corte Suprema, algo que seguramente sucederá. En el caso de que la Corte convalide lo actuado por el juez, será el propio Kreplak quien finalice la etapa de instrucción y ponga la fecha del juicio oral.
El trabajo de depuración de evidencias durante el receso judicial permitió establecer un panorama más preciso de la tragedia, aunque todavía queda mucho por investigar.
El juzgado logró sistematizar hasta el momento 159 casos con documentación sólida, de los cuales 111 corresponden a pacientes fallecidos y 48 a personas que sobrevivieron a la infección. Este listado fue enviado al Cuerpo Médico Forense para su análisis pericial final.
Estudios anteriores de este organismo ya habían determinado, en la mayoría de las historias clínicas revisadas, que las infecciones por bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica —idénticas a las halladas en las ampollas— representaron un «incremento del riesgo de muerte» para los pacientes.
De todas maneras, se investigan todavía más historias clínicas, lo que podría derivar en un aumento de los casos. El último número, 111, es de las muertes en las que el juez obtuvo la prueba necesaria.
Fue el mismo juez en persona quien tuvo que explicarle a familiares de víctimas que sus casos no van a formar parte del expediente, pero no porque no hubiera elementos de sospecha, sino porque las historias clínicas de los hospitales y sanatorios no permiten extraer las pruebas que se necesitan.
Uno de los hallazgos más críticos de la causa es el estado de abandono de los registros médicos. Peritajes forenses detectaron que, en 22 de 23 casos estudiados, las historias clínicas carecían del certificado de defunción y que en las actas solo se anotaba «enfermedad» como causa del deceso. Solo en una oportunidad se especificó una causa concreta: «shock séptico y falla multiorgánica». Esta falta de trazabilidad ha llevado al juez Kreplak a insistir, incluso ante diputados nacionales, en la necesidad urgente de implementar un sistema único y digital de historias clínicas, tal como lo establece la Ley 27.706.
En la provincia, hay una ley de historias clínicas digitales que tampoco se cumple, algo sobre lo que la Defensoría del Pueblo llevará como parte de la agenda de encuentro con funcionarios del Ministerio de Salud provincial, también durante este mes de febrero.
La investigación también avanzó en su momento sobre el posible rol de los organismos de fiscalización. El juez ya dispuso allanamientos en la Anmat y el Iname, dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, en busca de pruebas sobre si existieron omisiones en las tareas de control que debieron evitar la comercialización del lote contaminado. Esta línea de investigación busca establecer si, además de las responsabilidades empresariales, hubo fallas institucionales que contribuyeron a la tragedia.
La Fiscalía tiene a los funcionarios nacionales en la mira y los abogados querellantes también, aunque prefieren enfocar por ahora los cañones al procesamiento de los responsables de la contaminación del fentanilo. La responsabilidad de los funcionarios nacionales en los laxos controles y posible connivencia quedarán para una próxima etapa, según trascendió de fuentes de las querellas.
La decisión que tome la Cámara Federal de La Plata en las próximas semanas trasciende el destino procesal de los catorce imputados. Su fallo sentará un precedente sobre cómo el sistema judicial argentino responde ante una catástrofe sanitaria de esta escala, definiendo estándares de responsabilidad para la industria farmacéutica y exigiendo mayores garantías de control para el Estado. El desenlace de este capítulo judicial marcará el ritmo de una búsqueda de justicia que ya contabiliza más de un centenar de víctimas fatales.
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