Federico Reynares Solari: «El narcotráfico es un negocio que se ordena a sí mismo»

En su paso por el programa «Feos, Sucios y Malos», que se emite en dúplex por el canal de stream elciudadanodiario y por Radio Universidad (FM 103), el fiscal federal de juicio de Rosario Federico Reynares Solari trazó un balance del sistema acusatorio, analizó la baja de homicidios desde la lógica del mercado criminal y reflexionó sobre los procesos penales contra jueces federales y sectores de poder económico.

En una charla a fondo que combinó análisis criminal, debate institucional y referencias a la cultura popular rosarina, el magistrado dejó definiciones centrales sobre la mutación del delito organizado en la región y los límites de la persecución penal.

—A más de dos años del inicio del sistema acusatorio en la Justicia federal de Rosario, ¿cuál es el balance provisorio que hacen desde el Ministerio Público Fiscal?

—El balance provisorio, sin sonar triunfalista, es bastante positivo. Las dificultades con las que nos encontramos eran las previstas y tienen más que ver con una cultura institucional que con la institución en sí misma. Se han sentado en el banquillo de los acusados personas que habitualmente no solían llegar a juicio en la Justicia federal. Sin embargo, la gran deuda pendiente sigue siendo ir hacia la circulación del dinero de origen delictivo en todo sentido, no sólo el lavado clásico.

—¿La adhesión de Santa Fe a la ley de microtráfico les sacó un peso de encima o los obligó a mirar la superestructura del delito?

—Es paradójico: durante casi veinte años la Justicia federal se dedicó a los casos más simples, muchos derivados de denuncias anónimas como las del «buzón de la vida». Al asumir la provincia los delitos territoriales vinculados a la violencia barrial, a la jurisdicción federal se le exigió ocuparse de tráficos aéreos irregulares o cargamentos mayores, algo que antes no era habitual. En delitos territoriales, la Justicia federal no está llamada a ser una fuerza de proximidad; hay lugares de la región a los que directamente no llegamos sin que la presencia se vuelva evidente.

—En Rosario se registró una caída pronunciada de los homicidios mientras el consumo y los vuelos con droga continúan. ¿A qué atribuye ese fenómeno?

—Con la limitación de que hablo desde el recorte de mis causas, tengo la convicción de que el narcotráfico es un negocio que se ordena a sí mismo; la mano invisible del mercado actúa en la oferta. El negocio sigue funcionando a pesar de los detenidos y de la caída de distribuidores históricos. Ocurre como en las barras bravas: hay disputas por el reparto y luego se llega a acuerdos. Desde la lógica del negocio, si el Estado persigue la violencia asociada al microtráfico, una respuesta racional es suprimir esa violencia para proteger la rentabilidad mayor.

—¿Las redes sociales cambiaron la forma de investigar las bandas criminales?

—Hoy es impensada una investigación sin redes sociales. Desde causas viejas como Los Patrones, en 2015 (sobre la célula de Los Monos liderada por Ariel «Guille» Cantero, los eslabones menores se identificaban en Facebook para mostrar pertenencia barrial. Hay una necesidad simbólica de exhibir el éxito y buscar reconocimiento social a través de fotos, autos o celebraciones.

—Suele argumentarse que faltan recursos y personal en la Justicia federal. ¿Coincide con ese diagnóstico?

—No nos podemos quejar en materia de recursos, especialmente tras la ley de fortalecimiento. El problema es que muchas veces están mal orientados. Por ejemplo, en el último año se hicieron tres juicios bajo el nuevo sistema acusatorio y tenemos nueve jueces de tribunal oral, mientras la preocupación central pasaba por la falta de jueces de garantías. Desde la Procuración General de la Nación se nombraron fiscales coadyuvantes y subrogantes, por lo que hoy contamos con insumos de investigación como nunca antes; esa excusa perdió vigencia.

—Usted formó parte de la acusación contra los jueces federales Marcelo Bailaque y Gastón Salmain. ¿Cómo evalúa que se investigue a los propios magistrados?

—El sistema judicial que no es capaz de analizarse a sí mismo y purgar a quienes cometen delitos no es un sistema judicial válido. Es imposible que el ciento por ciento de los jueces sean probos. La responsabilidad institucional más pesada recae en el juez porque son delitos funcionales que requieren su firma, pero detrás operaban poderes fácticos —empresarios, funcionarios de Afip, parte de la élite local— que en los hechos tenían una fuerza igual o superior a la del magistrado.

—¿Qué lectura hace de la selección de magistrados y el funcionamiento de los concursos?

—En el Ministerio Público Fiscal se implementó el ingreso democrático por concurso hace más de una década, lo que mejoró los cuadros institucionales frente a lógicas de designación tradicionales que otros estamentos aún conservan. Respecto a los juzgados de garantías, las propuestas recientes recayeron en funcionarios provenientes de Caba o del Ministerio Público de la Acusación provincial, lo que refleja que la propia estructura de la Justicia federal de Rosario no ha logrado consolidar perfiles propios en lugares expectantes dentro de los concursos.