El juez federal Ernesto Kreplak envió al Cuerpo Médico Forense los casos vinculados a partidas adulteradas del opioide de uso hospitalario, elaboradas por dos laboratorios, y anticipó nuevas indagatorias tras la ampliación de fallecimientos investigados
La Justicia Federal envió al Cuerpo Médico Forense el listado completo de los fallecidos, según habían anticipado fuentes del caso a Noticias Argentinas, por la inoculación del fentanilo contaminado y se confirmó que se trata de 111 víctimas fatales.
El análisis se llevó a cabo durante la Feria Judicial, período en el que se evaluaron un total de 159 casos, mientras que 48 pacientes sobrevivieron al opioide adulterado.
Personal del Cuerpo Médico Forense se encargará de estudiar las muestras recibidas y si ratifica estos datos podría agravarse la situación judicial de 14 procesados y detenidos, entre ellos Ariel García Furfaro, el propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.
“Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso”, había señalado una fuente allegada al expediente.
García Furfaro, allegado a la familia Kirchner, es considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.
Al empresario se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta» en la adulteración del lote 31202 perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.
“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, sostiene el escrito.
En paralelo a la pesquisa, los familiares continúan reclamando justicia y que los responsables sean condenados por provocar la peor crisis sanitaria del país ligada a la inoculación con un opioide adulterado con bacterias.
En los más de seis meses de causa, se realizaron tres marchas en las ciudades de La Plata y Rosario para dar visibilidad al reclamo y que el nombre de las víctimas continúen latentes.
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