Desde la Federación emitieron un comunicado donde sostienen que el intendente de Esperanza "está llevando adelante una política sistemática en contra del régimen legal vigente establecido en la Ley Provincial 9286, vulnerando los más elementales derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales de la ciudad".
Desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM) emitieron el día viernes un comunicado donde expresan preocupación por el «ataque ilegal a la estabilidad laboral de más de 50 personas» en la localidad de Esperanza.
«La Administración Municipal de Esperanza, encabezada por su intendente Rodrigo Abelardo Muller, está llevando adelante una política sistemática en contra del régimen legal vigente establecido en la Ley Provincial 9286, vulnerando los más elementales derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales de la ciudad», afirmaron.
Agregaron: «Las arbitrariedades del intendente municipal ya han quedado demostradas con la aplicación de los incrementos salariales del año 2024, ya que los trabajadores municipales de Esperanza percibieron aumentos que desconocen los acuerdos provinciales, sufriendo una quita salarial ilegal«.
Además detallaron: «El nuevo ataque a los trabajadores ha consistido en la precarización de la relación de empleo público procediendo, el Intendente Muller, a desconocer la estabilidad laboral dando de baja designaciones en planta permanente para incorporarlos como personal contratado. La situación demuestra que el único objetivo es flexibilizar el régimen laboral quitando la estabilidad a los compañeros quienes desde hace muchos años prestan servicios para el Municipio de Esperanza».
«La conducta del titular del ejecutivo de Esperanza parece consentida por el gobierno provincial ya que los pedidos de intervención a la cartera laboral provincial permanecen sin respuestas desde hace varios meses», continuaron.
Y concluyeron: «La situación lleva a que FESTRAM declare el estado de alerta y movilización provincial. No se puede tolerar un desconocimiento a la Ley 9286, que ponga en riesgo el régimen jurídico y la vigencia de una Ley como forma de llevar adelante un salvaje ataque contra los trabajadores municipales».
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