Luis Schiappa Pietra explicó bajo qué régimen está el menor que disparó a sus compañeros, el grado de verosimilitud de las versiones que circularon sobre bullying y estado psicológico del chico y los ejes por los que transita la causa
El fiscal Luis Schiappa Pietra, a cargo de la Unidad de Responsabilidad Penal de Menores, habló este martes sobre el la investigación por el ataque ocurrido en una escuela de San Cristóbal, en la que un alumno de 15 años ingresó con una escopeta, disparó y mató a un compañero de 13 e hirió a otros ocho estudiantes.
Schiappa Pietra confirmó que el joven quedó alojado de manera preventiva en un dispositivo de la ciudad de Santa Fe que es gestionado por las áreas de Niñez y del sistema penal juvenil de la prpovincia.
Esa decisión surgió en una audiencia realizada la noche de este lunes. Es transitoria y puede moficarse de acuerdo a cómo avance la causa.
El fiscal aclaró que hasta el momento no hay, como circuló incluso con apoyo de un video, elementos jurídicos que confirmen que el chico que disparó haya sido víctima de bullying en la escuela.
Tampoco hay hasta ahora, agregó el funcionario judicial, conclusiones sobre el estado emocional del adolescente al momento del ataque. No obstante, sí afirmó que es un eje prioritario de la investigación. En ese sentido, añadió que Fiscalía está reuniendo testimonios, información y opinión de profesionales para establecer cómo se encontraba psicológicamente el chico.
El caso, y el contexto que lo rodea y puede explicarlo, dijo Schiappa Pietra, es complejo y la investigación se encuentra recién en sus inicios. «Hay mucha información que estamos revisando y chequeando. Son los primeros momentos de la investigación y todavía no tenemos confirmaciones completas», reforzó.
El fiscal confirmó que el caso está bajo la órbita del régimen penal juvenil vigente, según el cual los menores de 16 años no son punibles. Recordó que la nueva ley penal juvenil, que establece punibilidad a partir de los 14 años y fue aprobada por el Congreso, recién entrará en vigencia en septiembre.
De todos modos, el funcionario judicial explicó que la legislación de la provincia permite una intervención judicial e institucional amplia. Incluso en casos como el reciente, en el que no cabe una sanción penal.
“Se puede judicializar la situación, llevarla a audiencia y disponer medidas de protección, tanto para el propio menor como para las víctimas y la investigación”, explicó al respecto.
El responsable de la investigación insistió en que las medidas dispuestas por Fiscalía no tienen carácter punitivo. Están dirigidas a contener al adolescente, porteger a las víctimas y, claro, determinar cómo sucedió el trágico episodio y en qué contexto.
El Ministerio Público de la Acusación definió esas disposiciones junto a la defensa del menor y otras áreas del Ejecutivo provincial. La más relevante de ellas: la Secretaría de Niñez.
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